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Las pymes lo tendrán más fácil para licitar

El Gobierno da luz verde a la nueva normativa para la contratación pública

Aunque el protagonismo del Consejo de Ministros se lo ha llevado la reforma de la Ley General Tributaria, la jornada ha tenido dos actores secundarios en lo que toca al negociado del ministro Cristobal Montoro. El  Gobierno ha dado luz verde a los dos Anteproyectos de Ley de Contratos del Sector Público y de los procedimientos en los Contratos de los sectores de agua, energía, transportes y servicios postales.

Ambos textos se corresponden con la transposición del paquete de Directivas Comunitarias sobre contratación pública del mes de marzo de 2014 e introducen una serie de novedades cuyo objetivo es, entre otros, estimular la I+D y mejorar el acceso de las pequeñas y medianas empresas a las licitaciones públicas. Con relación a la innovación y el desarrollo se introduce la “asociación para la innovación”, un procedimiento orientado a aquellos proyectos que requieran actuaciones de I+D en “obras, servicios y productos, para su posterior adquisición por la Administración”.

Por otra parte, y para impulsar la participación de las pymes en los contratos del sector público, se incentivará la división de los contratos en lotes, dando la vuelta a lo establecido por la normativa actual vigente. A partir de la entrada en vigor de la Ley la excepcionalidad será la no existencia de lotes en las licitaciones. Además se restringen  los “medios propios” -entidades creadas ad hoc que no tienen obligación de someterse a los procedimientos de contratación-, aumentando las exigencias que garanticen que su utilización está “suficientemente justificada”. En este sentido también se reducirán las cargas administrativas con las “declaraciones responsables”, que eximirán a los empresarios de la presentación de documentación justificativa hasta la adjudicación del contrato.

Indemnizaciones 

Otra de las novedades “muy importantes”, y en la que ha puesto especial énfasis la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, es que la nueva Ley de contratos “abren la puerta a la ampliación del ámbito subjetivo de la Ley, y se aplicará a partidos políticos, organizaciones empresariales y fundaciones vinculadas a los mismos”. Tras el anuncio de esta medida Sáenz de Santamaría también ha destacado la incorporación de la “nueva regulación de la responsabilidad patrimonial aplicable a las concesiones”. En caso de que la Administración resolviera el contrato de adjudicación asumirá y abonará de forma íntegra las inversiones que se hayan producido por parte de la persona física o jurídica a la que se le haya adjudicado el contrato. De ser la empresa contratista quien renuncie por causas de insolvencia o concursos de acreedores, la indemnización vendrá determinada por el importe de la concesión, “no de la inversión”.

En su apuesta de agilizar los trámites, el Gobierno apuesta por emplear medios electrónicos y telemáticos en los trámites de la nueva norma, se incorpora el Procedimiento Abierto Simplificado que con una duración del proceso de contratación de alrededor de un mes y publicación obligatoria en internet, sustituye al procedimiento negociado, y se crea el Comité de Cooperación en la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado, cuyo objetivo es convertirse en punto de encuentro y cooperación entre Administración Central, Comunidades Autónomas y Ayuntamientos.