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Ayuntamientos y Diputaciones aumentan en 10 días sus plazos de pago a proveedores

En enero las Entidades Locales pagaron en 59,14 días de media

Mejora la situación económica y la Administración se relaja. Según el informe sobre el Periodo Medio de Pago a Proveedores de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales correspondiente al mes de enero, Ayuntamientos y Diputaciones aumentaron sus periodos medios de pago (PMP) en casi 10 días con respecto al mes de diciembre del año pasado. Ésto eleva el plazo medio de pago a proveedores hasta los 59,14 días, o lo que es lo mismo, exceden en 29,14 días el máximo de 30 establecido por Ley.

Las causantes de este repunte, y según se extrae del informe, han sido las capitales de provincia de más de 75.000 habitantes. Un alza que desde el ministerio de Hacienda justifican por “las operaciones de cierre del ejercicio que no han podido tramitarse y ser pagadas antes del cierre”. Sevilla, Zaragoza y Palma de Mallorca fueron los municipios en los que más crecieron los plazos de pago. En el caso de Sevilla hasta 21,21 días más que en diciembre, abonando las facturas de sus proveedores en un plazo de más de dos meses. Llama la atención el caso de Valencia que aunque consiguió reducir en tres días los periodos medios de pago, éstos alcanzan los 84 días.

Con respecto a las Comunidades Autónomas se percibe una ligera mejoría de 0,28 décimas. Los periodos medios pasaron de 50,83 días en el mes de diciembre a los 50,55  de enero. Una ‘estabilidad’ que padecen los autónomos y pymes que prestan sus servicios a la Administración Autonómica, que no cobran sus facturas hasta 80 días después de ser presentadas. La Comunidad más morosa fue Aragón con una media de 133,37 días. Curiosamente, fue también esta autonomía la que incrementó en mayor medida sus plazos de pago, 19,26 días más que el último mes de 2014. Tras ellas Extremadura y la Comunidad Valenciana, ambas por encima de los 115 días de media.

Cae el número de operaciones pagadas

Entre los datos del PMP de enero, destaca la caída del 54,67 por ciento en el ratio de operaciones abonadas durante el mes de enero y el incremento el 26,41 por ciento en el de aquellas pendientes de pago. Algo que desde el ministerio explican por el impacto de la inyección adicional que las Comunidades Autónomas percibieron en diciembre a través del FLA (Fondo de Liquidez Autonómica) y con el que se saldaron muchas deudas. Además, influye “el efecto estacional derivado del mayor reconocimiento de obligaciones que habitualmente se registra a final del ejercicio económico”.

Las explicaciones de Hacienda, sin embargo, no convencen a Antoni Cañete, presidente de la PCmC (Plaforma Multisectorial contra la Morosidad Empresarial), que apunta que estas cifras suponen “indicios para sospechar que se están acumulando facturas pendientes de pago en las Comunidades Autónomas”.

Sanciones que no se cumplen

Según determina la conocida como Ley de Morosidad, que recordemos, que parte de la transposición de la normativa europea, la Administración debe pagar a sus proveedores en un plazo máximo de 30 días. En el caso de que no sea así, esta deberá abonar unos intereses de demora de apenas el 08 por ciento, algo que según afirman fuentes de Hacienda “algunas sí cumplen”.

Sin embargo tanto desde el colectivo de autónomos como desde la PCmC, son varias las denuncias de que ésto no se cumple. Lorenzo Amor, presidente de Ata (Federación Nacional de Asociaciones de Autónomos), durante el II Foro de Emprendedores y Autónomos celebrado hace apenas diez días, se lamentaba de que “no conoce ninguna Administración que pague intereses a sus proveedores si se retrasa en los pagos”.

Por otra parte, cuando un Ayuntamiento o Diputación incumple, debe incluir en la actualización de su plan de tesorería medidas de ajuste que le permitan reducir los plazos de pago con sus proveedores. Si el incumplimiento persiste, que deberá ser comunicado por el Interventor de la Entidad, la Administración tutelar podrá penalizar con obligaciones de reducción de gastos o medidas de gestión de cobros y pagos a la Corporación local. Sanciones de las que por el momento “todavía no existen datos”.