De producirse Cataluña quedaría expulsada del euro y no podría financiarse a través de mecanismos europeos
Desde hace una semana no hay mañana en la que la prensa no se desayune con la carta de algún conocido político o ex-político manifestando su opinión sobre el proceso soberanista de Cataluña. Línea que parece será la tónica de aquí al próximo 27 de Septiembre cuando los catalanes decidan quién o quiénes serán los artífices de su hoja de ruta los próximos 4 años. Así, esta mañana les tocaba a los «empresarios» barceloneses Joan Rosell y José Luis Bonet. Al menos así reza la firma de la Carta Abierta conjunta de los presidentes de CEOE (Confederación Española de Organizaciones Empresariales) y de la Cámara de Comercio de España, que se publicaba esta mañana en el diario La Vanguardia y se hacía llegar a los medios de comunicación.
Poco más tarde, durante una comparecencia también mano a mano, en la sede de la patronal de los empresarios, ambos resumían en una palabra su posición: «diálogo». Un diálogo que, para Rosell, los empresarios «no deben hurtar» y que en palabras de su colega Bonet «está encima de la mesa». Así el presidente de Freixenet y de la Cámara de Comercio ha apelado al ‘espíritu de la Transición’ entre Gobierno Central y Cataluña «de la misma forma que en el momento de la Transición hubo mucho diálogo y se llegó a un consenso muy difícil, ¿por qué no se puede hacer ahora?», inquiría.
No obstante ni la carta ni el diálogo han quedado exento de interpretaciones y guiños desde la triple vertiente del «queremos seguir siendo catalanes, españoles y europeos» . Los dos han insistido en que es necesario que se traslade tanto a la sociedad civil como a la empresarial las consecuencias de un proceso que acabaría con la expulsión de Cataluña de la Unión Europea y con la más que posible quiebra de la región. En primer lugar, tal y como se detalla en la carta, por los «serios problemas para financiarse» ya que no podría acceder a mecanismos de financiación europeos como el Mede (Mecanismo Europeo de Estabilidad) o al Banco Central Europeo. Eso, y en segundo lugar, sin contar la penalización de las emisiones de deuda y la pérdida de la financiación, a coste cero, proporcionada por el Gobierno de España para el pago a proveedores.
En el apartado de las exportaciones se malograrían dos tercios del mercado objetivo de Cataluña, ya que Europa es el principal destino de los productos catalanes que, además, pasarían a estar gravados con la Tarifa Exterior Común y perderían los derechos preferenciales. Y aún más, si bien ya hay más de mil empresas que han iniciado su particular éxodo catalán por el riesgo de una posible independencia, este número podría multiplicarse «también se resentirían las inversiones en Catalunya, que podría retraerse en un escenario de inseguridad jurídica y financiera, produciéndose deslocalizaciones», se detalla en la Carta.
El resultado «menor actividad económica y, por tanto, menos empleo y unas peores condiciones de vida», en el que los mayores perjudicados serían pymes y autónomos. En definitiva, 224.000 empresas, 2 millones de trabajadores y 500.000 trabajadores por cuenta propia quedarían a al albur de una deriva incierta que, podría tener solución en una política de estado que gire en torno al eje de las «4 pes: palabra, paciencia, prudencia y pacto».
