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Los funcionarios empezarán a cobrar la paga extra en octubre

El crédito extraordinario con el que se asumirá la devolución será financiado con deuda pública

“A comienzos de octubre” los más de 2,5 millones de funcionarios empezarán a cobrar la segunda parte de la paga extra que se les congeló en 2012. Así lo ha anunciado hoy el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que se ha aprobado el Real Decreto Ley de Medidas para los empleados públicos, créditos extraordinarios y otras acciones de estímulo de la economía.

Pero no todos los trabajadores de la Administración recibirán la nómina aparte a la vez. Serán sólo los que lo hagan para el Estado los que cobrarán en tiempo y forma, ya que tal y como adelantamos la pasada semana en Diario Financiero y hoy ha explicado el ministro de Hacienda, Comunidades Autónomas y Entes Locales podrán decidir cuándo hacerlo “según su disponibilidad”. Es decir, deberán hacer cuentas y valorar si el pago de la extra pondrá en riesgo el cumplimiento de los objetivos de déficit establecidos por el Gobierno.

El abono de la paga se cargará a los créditos extraordinarios y suplementos de crédito cuya cuantía asciende a 630.571.641,30 euros que, según se recoge en el R.D. “serán financiados con Deuda Pública”. Algo que ya se contempló en el momento en el que se negoció el aplazamiento con los representantes sindicales a los que se les transmitió que “ese dinero se les devolvería cuando lo permitiera la situación económica del país”.

En este punto, Montoro ha insistido que la decisión no “tiene nada que ver con que vaya a haber elecciones generales, sino con que se están dando unas condiciones económicas que no se daban hasta este año y que ofrecen margen en las cuentas del Estado para realizar estos desembolsos”. Incluso la realidad supera a la previsión ya que si atendemos a los datos del Banco de España publicados esta misma mañana en los que la deuda pública ha descendido tres décimas, hasta el 97,7 por ciento del PIB (1,052 billones de euros), mejorando un punto las previsiones del Gobierno para 2015.

Todo ello se debe, en parte, a los efectos de la reforma fiscal, que entre enero y julio ha tenido como resultado la mejora del 5,9 por ciento de los ingresos líquidos del Estado con respecto al mismo periodo del año pasado, alcanzándose los 85.856 millones de euros de recaudación. Concretamente los ingresos por IRPF los ingresos han aumentado un 1,2 por ciento por la mejora del empleo. En el caso del IVA se recaudó un 8,1 por ciento más (39.077 millones de euros) que durante los 7 primeros meses de 2014.

Datos objetivos que se completan con la estabilización del gasto público que desde 2014 crece a ritmos inferiores al crecimiento del PIB.

El 32% para los funcionarios

De los 630,57 millones de euros casi el 32 por ciento (251,85 millones) se destinará a la devolución del 26,23 por ciento de la paga de 2012. El resto se reparte entre los ministerios de Defensa, Fomento y Agricultura.

El departamento que dirige el Pedro Morenés, recibirá 20 millones de euros para compra de vehículos. A Fomento se le transferirán 282,38 millones que se repartirán en pagos de obligaciones heredadas de ejercicios anteriores y gastos derivados del hundimiento del buque ruso “Oleg Naydenov”. Los 76,32 millones restantes serán destinados a la regularización del presupuesto de la Dirección General del Agua así como a financiar el IBI pendiente de las Confederaciones Hidrográficas.

Moscosos y tesoreros

El R.D. también recoge la modificación del Estatuto Básico del Empleado Público, o lo que es lo mismo, la recuperación de los días de libre disposición y vacaciones (moscosos y canosos) según la regulación de 2012. Así los funcionarios tendrán 6 días al año por “asuntos particulares” más 2 días adicionales al cumplir el sexto trienio. Además cada Administración tendrá potestad para establecer hasta 4 días más de vacaciones.

Por otra parte, se da una solución “de carácter transitorio” al déficit de funcionarios dedicados a controlar y supervisar las finanzas de las entidades locales de menos de 5.000 habitantes, que consiste en autorizar a los interventores y secretarios de las anteriores a desempeñar esta función.