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Los objetivos de déficit de las CCAA se mantienen por la mínima y en segunda votación

El Gobierno creará un grupo de trabajo para modificar el sistema de financiación autonómica

Por la mínima y en segunda votación. Los objetivos de cumplimiento de déficit de las Comunidades Autónomas se mantienen según lo previsto en el programa de Estabilidad Presupuestaria presentado por el Gobierno el pasado mes de marzo. Las autonomías tendrán que rebajar su déficit del -0,7 fijado para este año, al -0,3 el año próximo y -0,1 en 2017, así hasta llegar a alcanzar la estabilidad o déficit cero en 2018.

A pesar de que como ha dicho el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas Cristobal Montoro en la rueda de prensa posterior al Consejo “todas las Comunidades Autónomas están de acuerdo con el principio de estabilidad” el punto de fricción se ha encontrado en “la cuantificación de los objetivos”. De hecho nueve comunidades autónomas  han votado en contra, las gobernadas por los socialistas (Castilla-La Mancha, Aragón, Extremadura, Asturias, Baleares, Comunidad Valenciana y Andalucía), y Canarias y Cataluña.

En la parte contraria aquellas gobernadas por los populares, con excepción de Castilla y León -única comunidad que se ha abstenido-, han dado finalmente el visto bueno a los objetivos de déficit: La Rioja, Galicia, Madrid y Murcia y las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

La causa principal de este rechazo de más del 50 por ciento reside en que tal y como ha explicado Pilar del Olmo, consejera por Castilla y León, los objetivos “no se adaptan a la estructura de gasto de las comunidades”. Más radical  ha sido María Jesús Montero, consejera por Andalucía que ha destacado la “insensibilidad” del Gobierno que se ha valido de “su mayoría  cualificada para imponer un objetivo injusto”.

Detrás de las décimas de incremento que se piden por parte de las comunidades subyace una cuestión de fondo y es la del reparto asimétrico en el esfuerzo que se exige a las autonomías en comparación con las que se reserva la Administración central. A este respecto uno de los compromisos del Gobierno era llevar adelante la reforma del sistema de financiación autonómica, algo para lo que “hoy se da legalmente el primer paso” ha confirmado el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, el Gobierno se ha comprometido esta tarde a “crear un grupo de trabajo para modificar el sistema de financiación autonómica”.

En este sentido Beteta ha explicado que la Ley de Financiación Autonómica a los cinco años hay que hacer una valoración de los resultados del sistema. Precisamente es ahora cuando se cumplen esos cinco años y se han podido poner cifras a la liquidación definitiva de 2013, lo que permite contar con elementos suficientes para evaluar el sistema y su aplicación y reparto entre el conjunto de las Comunidades Autónomas.

Es por ello por lo que esta misma tarde se ha entregado en pleno y “con total transparencia” las liquidaciones de todas y cada una de las autonomías con el objetivo de que “cambien o ratifiquen los documentos y posiciones de situación” para proceder a dar forma al nuevo sistema de financiación.  Entre las claves que, a juzgar por las palabras del secretario de Estado se verán modificadas con casi total seguridad se encuentran “las cuentas territorializadas que no le gustan a nadie, ni siquiera a los socialistas que fueron quienes lo votaron”.

Rigor en la aplicación

El ministro Montoro ha explicado que el Gobierno aplicará “con todo rigor la Ley de Estabilidad presupuestaria”, para garantizar que se cumplan los objetivos de déficit público y continuar de este modo con la recuperación  y el crecimiento de la economía española durante los próximos años.

Con respecto a las críticas recibidas por parte de la mayoría de las autonomías respecto al esfuerzo que se les exige, el ministro de Hacienda ha insistido en que es la Administración central quien se ha apretado más el cinturón y no sólo ha rebajado su déficit del -5,10 en 2011 al -3,54 en 2014, sino que sus objetivos para el periodo 2015 – 2017 se fijan en el -2,9, -2,2 y -1,1, es decir tres y siete décimas más de esfuerzo que el exigido a las Comunidades Autónomas.