La ministra de Defensa, Margarita Robles, aseguró este lunes que si el Gobierno no es capaz de reunir los apoyos suficientes para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE), tiene la «obligación» de «seguir gobernando» al no observar una «consecuencia de causa-efecto» entre la no aprobación de las cuentas públicas y la convocatoria de unas elecciones generales.
Así se pronunció la titular de Defensa en una entrevista en Telecinco recogida por Servimedia, en la que subrayó que en España se adolece de una «falta de visión y de generosidad», ya que, a su juicio, cuando se abordan cuestiones presupuestarias, rara vez se piensa en aquellas personas que «peor lo están pasando».
Dejó claro que el Gobierno tiene la «obligación» de «seguir gobernando», incluso si no consigue reunir los apoyos que le permitan sacar adelante los PGE, lo que le permitió aseverar que es «absolutamente inaceptable» que los independentistas vinculen un procedimiento judicial -el del ‘procés’- con las cuentas públicas.
Apeló al carácter «progresista» y de «izquierdas» de ERC para trasladarle si será capaz de rechazar unos presupuestos que están orientados a «mejorar la vida de los españoles, especialmente de quienes lo han pasado peor durante la crisis», y les retó a explicar a los ciudadanos qué les llevó a ello cuando se convoquen elecciones.
Por otro lado, mostró su sorpresa por el debate que se ha generado en torno a la calificación que la Fiscalía de Tribunal Supremo y la Abogacía del Estado han hecho de los delitos de sedición y rebelión en la causa del ‘procés’ y censuró que el PP y Cs estén utilizando esta cuestión políticamente con el objetivo de «atacar» al Gobierno.
Esta actitud, desde su punto de vista, no ayuda a la separación de poderes ni al Estado de derecho y eludió pronunciarse sobre el fondo de la cuestión, ya que únicamente están facultados para ello los tribunales.
IMPUESTO A LAS HIPOTECAS
La ministra de Defensa, Margarita Robles, consideró además que toda la cuestión sobre quién deber pagar el impuesto de las hipotecas, que hoy debe zanjar la Sala III de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS), se ha gestionado «mal».
Robles eludió entrar a valorar el fondo de la cuestión, pero mostró su preocupación por el daño que haya podido causar a la imagen de la justicia y del Supremo el «cambio de criterio» de este tribunal.
La ministra fue miembro durante 12 años de la Sala III de lo Contencioso-Administrativo del TS y comentó que la decisión del presidente de dicha sala, Luis María Díez-Picazo, de paralizar la sentencia sobre quién debe pagar el impuesto de las hipoteca daña la «credibilidad» de la justicia.
Consideró que esta cuestión se ha gestionado «mal», como lo demuestra el hecho de que el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, tuvo que salir a pedir disculpas por ello, y llamó a esperar que el TS se pronuncie con «tranquilidad» sobre este asunto, en el que se establecerá la doctrina sobre quién paga finalmente el impuesto de actos jurídicos documentados: el banco o el cliente, en el caso de los recursos pendientes de resolución.
