MG Valores recibe una multa de la CNMV e inhabilita a su Consejero Delegado

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha impuesto una multa de 450.000 euros a Mercados y Gestión de Valores y ha inhabilitado por cinco años a su consejero delegado, Rafael Collada, por la comisión de infracciones muy graves relacionadas con anomalías en registros de operaciones y políticas de gestión de órdenes.

De acuerdo con la resolución de la CNMV publicada este lunes en el BOE, el organismo supervisor responsabiliza a Mercados y Gestión de Valores de haber vulnerado artículos de la Ley del Mercado de Valores relativos a “medidas de organización interna relativas a la llevanza de los registros de operaciones”, así como a la falta o inaplicación, no ocasional o aislada, de políticas de gestión y ejecución de órdenes. Se trata de una infracción declarada “muy grave” a la que le corresponde una multa de 450.000 euros.

Al consejero delegado de la sociedad, Rafael Collada, le impone una sanción de “separación del cargo con inhabilitación para ejercer cargos de administración o dirección” durante cinco años también por vulneración de los preceptos normativos relacionados con llevanza de registros de operaciones y las políticas de gestión y ejecución de órdenes, tipificado igualmente como infracción muy grave.

La CNMV subraya en el acuerdo que la resolución es únicamente firme en vía administrativa, sin perjuicio de las potestades de revisión jurisdiccional que corresponden a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, competente para conocer de los recursos que en su caso pudieran interponerse.

En 2016, la CNMV impuso sanciones por infracciones graves a MG Valores y a su consejero delegado por valor de 760.000 euros. A la compañía, el supervisor la condenó por un conflicto de intereses (200.000 euros), por vicios esenciales en el registro de órdenes (160.000 euros), y por no aplicar la política de gestión de órdenes (160.000 euros).

A Collada le multó con 100.000 euros por un conflicto de intereses, con 70.000 euros por vicios esenciales en el registro de órdenes, y con 70.000 por aplicar una inadecuada política de gestión de órdenes.

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