La Junta de Portavoces y la Mesa del Senado celebran este martes sus reuniones semanales con la polémica sobre la mesa de los viajes de José Antonio Monago a Canarias durante año y medio de su etapa como senador, que está dispuesto a abonar ante la duda de que hubieran sido más personales que de trabajo, según ha anunciado el propio presidente de la Junta de Extremadura.
Monago ha solicitado este lunes al Senado que haga una «certificación» de los viajes realizados entre las fechas en cuestión de 2009 y 2010 y también la cuantificación.
El Grupo Popular en la Cámara Alta aseguró la semana pasada que el entonces senador realizó aquellos viajes por sus labores parlamentarias «de apoyo» a las islas y no ha hecho más comentarios al respecto, como tampoco el actual presidente del Senado y portavoz entonces del PP en la Cámara Alta, Pío García-Escudero, que la semana pasada se encontraba en México participando en el X Foro Parlamentario Iberoamericano.
La portavoz socialista, María Chivite, acusó el viernes al presidente extremeño de haber realizado esos viajes para sus «escarceos amorosos» y exigió su dimisión, pero también planteó que el Senado haga «una labor de saber a qué se dedican los viajes que hace la gente». Guillermo Fernández-Vara, secretario general del PSOE extremeño, ha defendido que toda la información de los viajes de los parlamentarios sea pública.
El portavoz del PNV en la Cámara Alta, Jokin Bildarratz, plantea igualmente la posibilidad de que la Mesa baraje cómo «poner las tutelas necesarias» en el futuro, aunque advierte de que este asunto es solo «un problema puntual» frente al problema a su juicio de fondo: la situación del Senado y la necesidad de su reforma profunda, ha explicado en declaraciones a Europa Press.
A LA ESPERA DE LA LEY DE TRANSPARENCIA
El Senado paga a los parlamentarios los billetes de avión, tren, autobús o barco de los viajes que realizan «para el desempeño de su función» y abona directamente la compra a la empresa transportista o reembolsa el gasto realizado cuando se le presenta la factura, «así como los gastos derivados del aparcamiento en las estaciones de tren y aeropuertos».
Esta información es reservada y la Cámara Alta no informa ni del gasto anual total por este concepto, como tampoco da a conocer otros capítulos de sus presupuestos salvo las grandes partidas generales. El régimen económico previsto para los senadores prevé que se les paguen estos viajes de trabajo y no pide explicaciones del contenido de los mismos, al entender que sus señorías son responsables públicos y actúan como tales.
El Senado ofrece escasa información de sus cuentas pero la entrada en vigor de la Ley de Transparencia, a principios de diciembre, obligará a la institución a volcar en Internet más datos y en ello trabaja ahora, en decidir hasta dónde cumplirá con la obligación legal.
La propia vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, admitió el pasado viernes que el Ejecutivo no puede dar ninguna indicación al legislativo de cómo aplicar la Ley de Transparencia, que actúa de forma autónoma. «El poder legislativo se rige por sus propios reglamentos», aclaró.
ESTUDIAR LAS DECLARACIONES DE BIENES
Recientemente, el Grupo Socialistas ha pedido al Senado que estudie la posibilidad de investigar otro tipo de información también relativa a los senadores, la que ellos mismos reflejan en sus declaraciones de bienes y rentas.
La Cámara no investiga esta documentación, ni tiene capacidad para pedir cuentas a sus señorías de si lo que afirman refleja la realidad de su situación patrimonial. El PSOE ha reclamado un cambio para que el Senado puedo hacer algún reproche a quien mienta al dar esta información, por lo que se va a hacer un estudio de la situación de otros parlamentos.
EUROPA PRESS
