La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró este martes que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) elaborado por el Gobierno socialista es “una enmienda de totalidad” a las cuentas públicas de años anteriores elaboradas por el PP, cuyas políticas económicas tildó de “erróneas e injustas” al considerar que “agravaron los efectos de la crisis y cargaron todo el sacrificio sobre las familias”.
Durante el debate de las enmiendas a la totalidad al proyecto presupuestario en el Pleno del Congreso de los Diputados, Montero criticó la actitud “irresponsable” de PP y Ciudadanos, al considerar que se oponen al proyecto de cuentas públicas por interés político, por lo que les pidió que “aparquen de una vez la calculadora electoral”.
Asimismo, echó en cara a las formaciones independentistas, ERC y PDECat, que hayan presentado enmiendas de totalidad para rechazar unos Presupuestos “buenos para Cataluña”, y aseguró que el Gobierno “no cederá a ningún chantaje” y no admitirá las exigencias sobre el derecho de autodeterminación.
Así, reclamó a los grupos parlamentarios que permitan que la tramitación de los PGE continúe, y agradeció expresamente la colaboración mostrada por Unidos Podemos. La ministra defendió que los PGE “son los que este país necesita” y que “son buenos para los ciudadanos vivan donde vivan”, al suponer, según afirmó, un impulso a los servicios públicos, la recuperación de derechos, la redistribución de la riqueza y el crecimiento económico y la consolidación de un crecimiento sólido y sostenible.
“Estos Presupuestos dan solución a los problemas, preocupaciones y esperanzas de la gente” añadió en la misma línea, añadiendo que buscan “una sociedad más igualitaria y un mercado de trabajo que oferte trabajos más dignos”.
Por otro lado, Montero denunció el bloqueo de PP y Ciudadanos a la reforma de la ley de Estabilidad para modificar la senda de déficit, subrayando que éstas formaciones “trabajan para torpedear” al Gobierno y la economía española. “Compiten por encender la mecha de un polvorín sin importarles las consecuencias, han traspasado todas las líneas y se han convertido en una oposición retrógrada y dañina para el país”, declaró desde la tribuna.
En este sentido, la titular de Hacienda apuntó que el mantenimiento de un objetivo de déficit del 1,3% para 2019 en lugar del 1,8% defendido por el Gobierno socialista, “entraña costes en términos de crecimiento económico y de creación de empleo”, y recordó que los gobiernos del PP “incumplieron de forma sistemática los compromisos de consolidación fiscal hasta el punto de renegociar la senda de déficit en tres ocasiones y exponiendo al país a una multa millonaria”.
“Con el PP la Administración central nunca cumplió con los objetivos de déficit”, subrayó, para a continuación criticar la “austeridad a ultranza” defendida por el PP “como herramienta ideológica para reducir los servicios públicos y favorecer su privatización”, por lo que volvió a insistir en que el proyecto del Gobierno socialista para 2019 “es una enmienda a la totalidad” a esas políticas y “un cambio de rumbo para volver a ganar la confianza de la ciudadanía en la utilidad de la política”.
Sobre el contenido de los PGE y las medidas tomadas por el Gobierno, Montero defendió la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) para aplicar la “justicia social” y contribuir al crecimiento del consumo y de la economía, así como la subida de las pensiones, el incremento de los recursos destinados al sistema de dependencia, las becas de estudiantes o la lucha contra la violencia machista. Asimismo, reivindicó las medidas fiscales para que las grandes fortunas y empresas aporten una mayor contribución y combatir el deterioro del medio ambiente.
“Estos Presupuestos son un órdago a la desigualdad”, aseguró Montero, añadiendo que el objetivo de las cuentas es “construir un país mejor” y que esto “no depende de quién tiene la bandera más larga”, sino de resolver los problemas de los ciudadanos, por lo que, tras asegurar que “de PP y Ciudadanos no puedo esperar nada”, apeló a las formaciones “que creen en la política para mejorar el bien común” para que permitan la tramitación y el debate del proyecto.