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Montoro impone “condiciones especiales” al FLA de Cataluña para evitar “veleidades independentistas”

El consejo de ministros ha aprobado el remanente del Fondo de Liquidez Autonómica por 7.889 millones de euros con especial control en la región catalana por su “singularidad” en “determinados asuntos financieros”

Como ya adelantó Diario Financiero a principios de este mes, el Gobierno estaba “dispuesto a aplicar hasta sus máximos todas y cada una de las medidas que se recogen en la Ley de Estabilidad Presupuestaria” con el objetivo de frenar la “locura independentista”.

Y así ha sido. El consejo de ministros ha aprobado este viernes el reparto del remanente del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) del año 2014 con un total de 7.889 millones de euros que se repartirán entre todas aquellas autonomías que lo hayan solicitado. La diferencia respecto a años anteriores tiene su foco en Cataluña, una región a la que Cristóbal Montoro impone, por primera vez, condiciones específicas para asegurar el destino del dinero y evitar así “veleidades independentistas”.

En la rueda de prensa posterior al consejo, la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Saénz de Santamaría, ha explicado que la región catalana tendrá una “condicionalidad específica” para recibir los 3.034,84 millones de euros que le corresponden debido a su “singularidad” en “determinados asuntos financieros”.

En este sentido, el interventor de la Generalitat de Cataluña tendrá que dar cuentas de la ejecución del presupuesto autonómico mensualmente para asegurar que los gastos que se realizan no van en contra del ordenamiento jurídico, una medida para la que el Estado prestará el “amparo necesario” a los funcionarios catalanes, según ha señalado Montoro.

Además, el Ejecutivo tendrá un mayor control sobre las facturas a proveedores. Para ello, exigirá la conexión telemática de la Generalitat con el punto general de entrada de facturas -que fue creado este año-, un punto en el que se registran las facturas que emiten todos los proveedores de las administraciones públicas adheridas.

Las razones que han llevado al Gobierno a imponer estas condiciones son la bajada de la calificación de la deuda catalana, el incumplimiento de ciertas obligaciones de información -como la ocultación de 1.300 millones de déficit de 2014-, y los “riesgos” derivados de las declaraciones de dirigentes catalanes que dejan la puerta abierta a no pagar las deudas contraídas con las farmacias, según ha explicado Montoro.

No obstante, el titular de Hacienda también ha aclarado que las cuentas de la Generalitat no están intervenidas, sino que con esto, lo único que se pretende, es que el dinero no vaya “a un destino diferente al previsto”. Y es que, según ha asegurado el ministro, “no es admisible que nadie dedique un euro a una actividad que no tiene amparo legal ni constitucional”.

A lo largo de esta legislatura, la Generalitat catalana ha recibido por parte del Estado 52.962 millones de euros, lo que supone casi el 30 por ciento del total percibido entre comunidades y entidades locales, una suma que alcanza los 185.000 millones de euros desde 2012.

Asun Infante