El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, afirmó este miércoles que el Gobierno está trabajando en medidas que «puedan promover un abaratamiento de costes» en el sistema sanitario.
En el XX Encuentro del Sector de la Tecnología Sanitaria, organizado por la patronal Fenin y la escuela de negocios Esade, el ministro explicó que se avanza en acuerdos con «grandes proveedores» del sistema de salud.
En primer lugar, señaló Montoro, se estudia la puesta en marcha de un techo de gasto farmacéutico, para «referenciar» su evolución máxima al crecimiento económico.
Se trata de que el gasto farmacéutico de la sanidad pública «no crezca más que la economía», dijo el titular de Hacienda, quien agregó que se trata de uno de los gastos que «más tensiona» a las comunidades autónomas.
A ello se une que se analiza con las industrias tecnológicas sanitarias la puesta en marcha de planes de colaboración público-privada en la financiación de estos productos.
Según Montoro, es «muy necesario» impulsar un programa de actualización de inversiones de tecnología sanitaria.
En estos asuntos, aseveró, se trabaja con el Ministerio de Sanidad y con las comunidades autónomas, con la «ilusión» de que se va a conseguir «reforzar» un servicio público tan importante.
El titular de Hacienda expuso que el Gobierno ha impulsado un «circuito financiero para garantizar los servicios públicos fundamentales en España» y quiso dejar claro que «a partir de ahora la reducción del déficit pasa por contener el crecimiento del gasto, no por reducir el volumen» del mismo.
Por ello, «es importante llegar a acuerdos con los sectores proveedores de esos servicios públicos, para que estén garantizados».
Montoro se refirió a mecanismos de liquidez como el Plan de Pago a Proveedores y el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), ambos «dirigidos hacia que nuestras administraciones territoriales pagaran las facturas pendientes de todos los servicios públicos».
Con ambos se han movilizado 135.000 millones de euros en tres años para la financiación de las comunidades autónomas, de los que 52.000 millones han sido para sanidad pública.
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