Según ha explicado la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, ahora la política de remuneraciones será votada por la junta general de accionistas con carácter vinculante cada tres años.

Ésta era una de las principales propuestas remitidas el pasado 18 de octubre al Ejecutivo por el comité de expertos en gobierno corporativo, encargado de elaborar una batería de recomendaciones que el Gobierno ha considerado y que se convertirán en obligaciones.

Además, el anteproyecto que será remitido a las Cortes para su conversión en proyecto de ley, establece límites máximos a las retribuciones en las empresas cotizadas.

También obligará a la creación de un consejero independiente coordinador cuando el presidente y el consejero delegado de una compañía coincidan, y en el caso de sociedades cotizadas se establece el plazo del mandato de seis a cuatro años.