Según informó la Agencia Tributaria, las investigaciones culminaron el pasado día 22 de marzo, cuando agentes de Vigilancia Aduanera practicaron siete entradas y registros en domicilios de distintas localidades de Girona, Lleida, Barcelona y Castellón y tomaron declaración a siete personas.

La operación, denominada 'Raspa', se inicia a partir de una denuncia formulada por la Delegación Especial de la Agencia Tributaria en Cataluña el pasado mes de julio de 2012, que tenía su origen en investigaciones previas llevadas a cabo por las Dependencias de Inspección y de Aduanas e Impuestos Especiales de dicha delegación.

Las personas implicadas operaban en el sector de los combustibles mediante la venta al por mayor a gasolineras. El esquema del fraude, centrado en el IVA, consistía en utilizar sociedades de muy corta vida para adquirir legalmente carburantes en un depósito fiscal (mayorista de hidrocarburos), adquisiciones en las que no se soporta el impuesto.

Posteriormente, estas sociedades vendían el carburante a estaciones de servicio repercutiendo el IVA, pero no ingresaban a la Hacienda Pública las cuotas que habían repercutido y cobrado a las gasolineras. Para evitar la detección del fraude, los responsables sustituían cada pocos meses a las sociedades de las que se servían para la operativa y situaban como responsables formales de las mismas a meros testaferros.

La apropiación de las cuotas de IVA permitía vender el producto a los minoristas a unos precios inferiores a los que ofrecían los operadores que sí cumplen la obligación de ingresar a la Hacienda Pública el impuesto repercutido a sus clientes.

En relación con ello, explica la Agencia Tributaria, podrían llegar a exigirse responsabilidades a los minoristas que hayan adquirido, a ésta u otras tramas, carburantes a precios notoriamente inferiores a los de mercado.

En la operación se intervinieron 700.000 euros en efectivo, se han bloqueado las cuentas bancarias de la trama, se ha inmovilizado más de un millón de litros de carburante en Barcelona, Huelva y Bilbao y se ha acordado la prohibición de disponer sobre ocho inmuebles, todos ellos situados en Cataluña.

La Agencia Tributaria movilizó en el operativo a 32 funcionarios de Vigilancia Aduanera de Cataluña y Castellón, junto con otros 17 inspectores, técnicos y expertos informáticos.