Las maltrechas arcas municipales se pueden debilitar aún más al dejar de percibir esos 200 millones de euros al año de las tasas a las telecos. Una situación que preocupa a los ayuntamientos que en la mayoría de los casos produce un desajuste como consecuencia de la pérdida de un ingreso que estaba previsto. El gobierno trabaja actualmente en un documento que empezará a tramitar pronto sobre la Ley General de Telecomunicaciones donde se establece la relación entre las compañías del sector y los municipios para el despliegue de las infraestructuras después de que el tribunal de Justicia de la Unión Europea sentenciara que varios municipio no tenían derecho a imponer tasas por el uso de antenas y redes a Vodafone España y France Telecom España. 

El objetivo con la nueva ley es buscar un mecanismo para poder cobrar a los operadores de telefonía móvil. Un ejemplo es la forma de actual actualmente con Telefónica que se establece con el cobro de una tarifa fija por porcentaje de la facturación total de la empresa en el municipio o el cobro en diferentes conceptos por todas y cada una de las acciones que realiza el operador. Desde la Federación Española de Municipios y Provincias han recordado que es injusto tener un trato diferente con las telecos que con otros sectores como el gas o la electricidad que pagan por la utilización del espacio público.