A los municipios españoles no parece haberles gustado la reforma de las Administraciones Públicas propuesta por el Gobierno de Mariano Rajoy. Un rechazo ante el que el Ejecutivo podría verse obligado o a flexibilizar algunas de las medidas anunciadas en el consejo de inistros como el recorte de un 30% en el número de concejales a elegir en las próximas elecciones. Además, podría echarse para atrás también en la obligación de todos los ayuntamientos con menos de 20.000 habitantes de ceder la gestión de la prestación de servicios a las diputaciones.

Ahora, el debate está en consensuar el grado de reducción que debe haber en estas y otras partes. Desde la Federación Española de Municipios y Provincias, su presidente Íñigo de la Serna, pide abrir un periodo de diálogo para analizar la situación. Un periodo que, según de la Serna, ha sido abierto por el propio Gobierno.