Pues según el Real Decreto que ha remitido el Ejecutivo a Bruselas, la idea del Gobierno es que la gestora de activos tóxicos podría emitir obligaciones por cualquier importe así como vender esos activos sin necesidad de que exista el informe de un valorador dependiente o sin contar con el consentimiento de la junta de accionistas.

Además, el Gobierno quiere que esta entidad esté exenta del cumplimiento de la mayoría de controles y condiciones a los que están normalmente sometidas las sociedades de capital. Así por ejemplo, según recoge un rotativo nacional, el banco malo no tendría la obligación de lanzar una oferta pública de adquisición en el momento en el que tome el control de la entidad.