La Comisión europea ha declarado ilegales las ayudas fiscales que se otorgaron a partir de abril de 2007. El colegio de Comisiarios ha aprobado formalmente esa decisión, que obliga a la reembolso del dinero al Estado español.

Bruselas también deja claro que esas subvenciones deberán devolverlas los inversores que financiaron la construcción de los buques, pero no los armadores ni lo propios astilleros. Será el Gobierno el que decida quién las devuelve, cómo y cuál es el montante.

Al parecer, la decisión final se ha adoptado después de que el comisario de Industria, Antonio Tajani, levantara su reserva. Tajani, aliado del Gobierno español en este asunto, reclamó que sólo se devolvieran las ayudas posteriores a 2009. Bruselas ha decidido tirar por la calle del medio: suaviza la postura del comisario Almunia, que pretendía remontarse a 2005, pero rechaza la amnistía que pedía España.