La entidad nacionalizada quiere pagar a los empleados que despida 20 días por año trabajado con un tope de 12 mensualidades, aunque ese periodo podrían alargarse hasta 18 meses como máximo, en caso de que el resto de la plantilla se bajara el sueldo un 15 %.

Esta postura de la dirección que parece inamovible, es recogida por los sindicatos con indignación, que pretender alargar este proceso hasta el año 2015 para evitar tanto despidos como el cierre de oficinas. Este es el primer punto de la propuesta común redactada por los gremios.

En ella plantean que se cuente con la opinión de los afectados en todas las medidas que se vayan a pactar, así como que los mayores de 50 años queden fuera de este ERE, con el objetivo de facilitar la existencia de prejubilaciones.
Los sindicatos prevén nuevas movilizaciones si no hay avances en los próximos encuentros. De hecho, auguran una "conflictividad social de máximo nivel" para después del verano si la dirección no cede en sus planteamientos iniciales.

El diálogo entre ambas partes se retomará el próximo lunes 26 de agosto.