Amador Sánchez, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, define la colaboración público-privada como “la suma del conocimiento que puede tener una administración y el sector privado (una empresa, una asociación, una ONG o incluso las redes sociales) que optimiza los servicios públicos”. Ante varias modalidades Sánchez apuesta por “la titularidad pública y la posibilidad de la gestión privada -parcial o total- en función de los servicios”. Pone como ejemplo el gráfico de una pirámide para mantener la titularidad pública real: “hay que entender un servicio como una pirámide donde la administración quede en la parte alta, haciéndose cargo de la organización, la planificación y la estrategia del servicio; mientras se saca a concurso otros elementos menos elementales”. Es aquí donde entra a jugar el sector privado. En este sentido, destaca la importancia de que los usuarios no perciban si el servicio “está gestionado por una empresa privada o por servicios públicos”.
LA SOSTENIBLIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN
Para el teniente alcalde de Boadilla del Monte la sostenibilidad de las cuentas públicas deben conseguirse, y apuesta por “simplificar la estructura y no gastar más de lo que se ingresa”. Para lograr este objetivo, apuesta por el desarrollo tecnológico e insta: “Hay que ser valientes transformando la administración, hay que hacerla sostenible”.
Para José Ángel Presmanes, presidente del Centro Español de Excelencia y Conocimiento de la Colaboración Público-Privada (CECOPP) la administración actual no es sostenible. “Tiene sentido si da un valor añadido a lo que hace, en el caso de no conseguirlo no hace más que hundir nuestro dinero en un pozo”. Su apuesta pasa por la “eficiencia de todos, incluida la administración pública”.
José Ramón Pin economista y profesor en el IESE, cree que los servicios están supeditados a la complejidad del nivel de administración donde diferencia entre local, autonómica o central. Parte de la premisa de que la sanidad y la educación son esenciales “en el sentido que deben darse”, aunque a su juicio es “muy diferente quiénes los ofrecen”. A este respecto aclara que hay que diferenciar dos aspectos: ofrecer y gestionar el servicio: “el servicio puede hacerse con dinero público y también con gestión privada”, de ser así, “abarata la situación”.
Ante la polémica surgida, cree que España “necesita gestores y no sólo administradores”. “Hay que tener buenos cuadros medios que consigan con liderazgo que los funcionarios trabajen con eficacia y se entusiasme con su labor. La idea es que con pocos recursos hagan grandes cosas”, explica.
Para CECOPP el sistema de colaboración publico-privada es “abaratar el servicio, ofreciendo la misma calidad o mayor”. Reconoce que en España, tradicionalmente la empresa privada ha tenido presencia en “casi toda la gran inversión pública”, especialmente en las infraestructuras relacionadas con el transporte (autopista, ferrocarril, puertos), “donde se ha llevado a cabo con gran acierto”.
Destaca como una de las ventajas de este sistema de colaboración el largo periodo del contrato, “por lo que hay que adaptarse a situaciones móviles”.
Los expertos coinciden en el número de ventajas que ofrece este modelo de colaboración público-privado, un modelo de éxito en países como Gran Bretaña, Estados Unidos y Canadá. Entre las consideraciones sobre las que reflexionan destacan que los servicios esenciales (sanidad y educación) son los que se tienen que garantizar, así como la igualdad de oportunidades ante dichos servicios.
