Durante la tramitación parlamentaria se han incluido cerca de 200 modificaciones, lo que obliga, tras su paso por el Senado, a que el Congreso vuelva a debatir sobre la Ley. La gran partida de estas cuentas se destinará al pago de los intereses de la deuda (38.590 millones). Por su parte, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro ha asegurado que se trata de los presupuestos "más sociales de la democracia".

En estos presupuestos también se incluye la puesta en marcha del impuesto sobre depósitos a la banca a tipo cero, con el que se anularía el que tienen ya Extremadura, Andalucía y  Canarias y que acaba de aprobar Cataluña. Una decisión, la de la Generalitat, que el Gobierno estudia llevar al Tribunal Constitucional.