Esta norma, que pasará a debatirse en el Senado, surge de la fusión que ha hecho el PP del proyecto de ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios y de la proposición de ley, fruto de una iniciativa popular, para regular la dación en pago.

Todos los grupos de la oposición votaron en contra del texto, que salió adelante por la mayoría del PP. El dictamen de la Comisión se aprobó por 23 votos a favor y 21 en contra, los de PSOE, CiU, La Izquierda Plural, UPyD, PNV y Grupo Mixto.

En esta reunión de la Comisión se votaron además las enmiendas de la oposición, que fueron casi todas rechazas por la mayoría popular.

Así, se aprobó una enmienda de UPN que recoge que en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley se estudiará ampliar el colectivo de beneficiarios del Fondo Social de Vivienda en Alquiler, que cuenta con 6.000 pisos, si quedan inmuebles sin ocupar.

El portavoz de Vivienda del PP en el Congreso, Teodoro García, defendió que es una "buena ley", con la que se "da un paso de gigante respecto de lo existente" y puede llegar a proteger a 120.000 familias.

Además, quiso dejar claro que "hemos hablado con todos" y que la norma es "la suma de varias propuestas que tiene un objetivo claro: que quien pierda su trabajo no pierda también su casa y quede con una deuda de por vida que no le permita levantar cabeza".

"MAL DÍA"

El conjunto de los grupos de la oposición arremetieron durante el debate en Comisión contra la propuesta del PP, criticaron las formas en que se ha tramitado y coincidieron en que se queda corta y no responde a las necesidades de los ciudadanos.

La portavoz de Vivienda del PSOE, Leire Iglesias, lamentó que la norma no pase por el Pleno de la Cámara y aseguró que "hoy será un mal día" porque no se dará solución a los problemas de las personas.

Iglesias, que reconoció "errores" del PSOE en esta materia en el pasado, señaló que "es tiempo de decir que puede ser viable de la dación en pago", de paralizar todos los desahucios y de acabar con las clausulas abusivas en las hipotecas.

Por su parte, la diputada de CiU Lourdes Ciuró subrayó que "el texto presentado no recoge la pluralidad de la Cámara y las distintas sensibilidades al respecto", para añadir que "estamos en una situación excepcional" que requiere otra respuesta y que ésta es norma es "insuficiente".

Así, Ciuró destacó la necesidad de ampliar el abanico de personas que se puedan beneficiar de las medidas, con una subida de los umbrales de rentas y cambios en otras condiciones que se exigen.

"HERIDA DE MUERTE"

Mientras, Joan Coscubiela, diputado de La Izquierda Plural, aseguró que "una vez más el PP da la espalda a la realidad social" y agregó que "ha ninguneado" la iniciativa legislativa popular sobre la dación en pago.

Además, Coscubiela comentó que la ley nace "herida de muerte" y que los tribunales y la presión social harán que la materia vuelva pronto al Congreso para hacer cambios.

El portavoz de Economía del PP en el Congreso de los Diputados, Vicente Martínez Pujalte, pidió intervenir para responder al diputado de La Izquierda Plural, y le dijo que "nadie tiene el monopolio de la sensibilidad social" y que "decenas de miles de personas se van a beneficiar de esta ley".

Desde la filas de UPyD, Carlos Martínez Gorriagán indicó que el texto "no resuelve el problema de fondo", y apuntó que "se está creando una situación todavía peor" a la que había "porque genera más" inseguridad jurídica.

El diputado de UPyD criticó la "obcecación" del PP al no haber querido aprobar una ley de segunda oportunidad, y subrayó que hoy es "una jornada de luto", para denunciar que el Congreso ha quedado como una "delegación del Gobierno".

RESPUESTA "TIMORATA"

El portavoz del PNV en el debate, Pedro Azpiazu, indicó que la respuesta "timorata e insuficiente" que da el Gobierno al problema de los desahucios "puede ser superada por la realidad en breve". Según Azpiazu, "tenemos la obligación de dar una respuesta valiente" al problema, y defendió que la única medalla se ha de poner a los ciudadanos.

Por parte del Grupo Mixto intervinieron Rafael Larreina (Amaiur) y Olaia Fernández (BNG). El primero señaló que la ley del PP "evita el desahucio de la banca y pisotea y desprecia la voz de la calle", mientras que Fernández argumentó que "no estamos avanzando, se está dejando la situación a los mismos niveles" que antes.

NOVEDADES

Entre los cambios que se han introducido en la norma se encuentra, como consecuencia de la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la modificación del procedimiento ejecutivo para que el juez pueda paralizar ejecuciones si detecta cláusulas abusivas.

Así, de oficio o a instancia de parte, el órgano judicial competente podrá apreciar la existencia de cláusulas abusivas en el título ejecutivo y, como consecuencia, decretar la improcedencia de la ejecución o, en su caso, su continuación sin aplicación de aquéllas consideradas abusivas.

El texto también recoge que, para reforzar la protección del deudor hipotecario en la venta extrajudicial, el notario podrá advertir a las partes si existe alguna cláusula que pueda ser considerada abusiva.

LÍMITE INTERÉS

La norma establece que, con el objetivo de reducir el importe que debe el deudor hipotecario, además de la limitación del interés de demora a tres veces el interés legal, se ha incluido la limitación del devengo de los mismos. Además, estos intereses solo podrán devengarse sobre el importe del principal y los mismos no pueden capitalizarse.

Por otra parte, se han limitado las costas del procedimiento de ejecución hipotecaria de vivienda habitual a, como máximo, el 5% del total reclamado.

Otra de las novedades que establece el texto es una regla de imputación de pagos si tras la ejecución hipotecaria resultase insuficiente para saldar la deuda. Así, la cantidad de la adjudicación del bien se imputará por mandato legal en este orden: intereses remuneratorios, principal, intereses moratorios y costas.

En cuanto al sistema de quitas (actualmente una reducción del 35% si se paga la deuda en 5 años y del 20% en 10 años), se aplica retroactivamente a las adjudicaciones de vivienda habitual hipotecadas anteriores a la entrada en vigor de la ley, siempre que a esa fecha no se hubiere satisfecho completamente la deuda y que no hayan transcurrido los plazos de 5 o 10 años.