Esta reforma incluye una nueva concesión a 35 años para los puertos deportivos, o que el Estado recupere la competencia a la hora de conceder una prórroga a las industrias situadas en el litoral. Eso si, se establece que a la hora de conceder una autorización urbanística en el caso de las obras o instalaciones que afecten al tránsito, se requerirá un informe favorable de la Administración.

Por su parte, los partidos de izquierda se oponen a esta reforma porque, dicen, sólo se sirve a los intereses privados, olvida el medio ambiente y favorece la especulación.