El Constitucional ha admitido a trámite el recurso contra el decreto andaluz sobre desahucios presentado por el Gobierno, lo que supone la suspensión cautelar de la norma. El Gobierno asegura que la norma en materia de vivienda de Andalucía se trata de un decreto  inconstitucional, pues vulnera el derecho a la propiedad privada. Y para ello se basa en un informe del Consejo de Estado. Además el Ejecutivo ha tendido la mano a la Junta de Andalucía para seguir negociando una solución.

Por su parte, desde la Junta han defendido la legalidad jurídica plena de esta medida. Así, la consejera de vivienda Elena Cortés asegura que la normativa es legal "como la luna llena". 

Mientras, Bruselas alerta sobre las incertidumbres generadas por las iniciativas legislativas de algunas CCAA, como Andalucía. Dice la Comisión que la ley desahucios de la Junta tiene implicaciones negativas para la Sareb. Y es que el 10% de la cartera inmobiliaria del banco malo se encuentra en territorio andaluz.