La supuesta contabilidad B de Bárcenas implica a prácticamente a toda la cúpula del PP y a grandes empresarios. Según cuenta el diario El País, esos cuadernos manuscritos se estructuran en tres apartados: el de las aportaciones realizadas al partido, con su fecha, origen y cantidad -aquí están los empresarios-, el de los pagos, con el destinatario, fecha y cantidad -aquí están los políticos- y un tercero con el saldo final de los movimientos. Esas anotaciones muestran que cada año se reservaban cantidades de las donaciones recibidas para ingresarlas en el Banco de Vitoria (absorvido por Banesto en 2003).Sólo una parte, lo que según El País sugiere una posible financiación irregular.
Los documentos a los que ha tenido ese periódico demuestran que los pagos periódicos a la cúpula del partido comenzaron en 1997, un año después de que José María Aznar llegara a la presidencia del Gobierno. Entre quienes, supuestamente se beneficiaron, figura Mariano Rajoy, entonces vicesecretario general del PP. El actual presidente del Gobierno recibió, hasta 2008, una cantidad anual equivalente a los 25.200 euros. Primero en pesetas, después en euros. En la misma lista están los también vicesecretarios Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja y los secretarios generales, Francisco Álvarez-Cascos, Javier Arenas, Ángel Acebes y Dolores de Cospedal. En el apartado de pagos, y de manera esporádica, también figuran ministras de la época, como Pilar del Castillo, y un medio de comunicación, Libertad Digital, de Federico Jiménez Losantos.
En el lado de los donaciones, junto con numerosos empresarios imputados en la trama Gürtel, aparecen algunos de los principales patronos del país. Entre ellos, Luis del Rivero, que habría realizado pagos en su etapa de vicepresidente y también presidente de Sacyr Vallermoso o José Mayor Oreja, presidente de FCC y hermano del que fuera ministro del Interior. También aparece el nombre de J.M. Villar Mir, supuestamente Juan Manuel Villar Mir, presidente de OHL, y el concepto “Mercadona”.
En cualquier caso, El País aclara que si esas cantidades no se hubieran declarado a Hacienda, los dirigentes del PP en ningún caso habrían cometido delito fiscal porque son inferiores a 120.00 euros anuales. Sólo habría infracción tributaria.
