La nueva ley establece que las empresas en dificultades puedan llegar a acuerdos de refinanciación previos a la declaración de insolvencia. Podrán hacerlo si reciben el respaldo de los acreedores que representen el 60% de las deudas y cuentan con el informe favorable de un experto independiente.

De esta forma, se corrige la capacidad que tenían las minorías para bloquear los acuerdos y que ha obligado a muchas empresas a verse abocadas al concurso de acreedores. Más del 90% de los procesos concursales en España acaban en liquidación.

Por otro lado, en los nuevos procesos concursales se facilitará la entrada de liquidez en las empresas para evitar el deterioro de la situación de impagos.

En cuanto al endeudamiento personal o familiar, la nueva Ley Concursal introduce soluciones extrajudiciales que favorezcan la renegociación de las deudas con la intervención de mediadores o de pactos notariales.