Un nuevo protocolo ya autorizado en diciembre por el Consejo de Ministros, que ve la luz tras dos años de negociaciones y que supone la mejora y actualización del convenio hasta ahora en vigor, que data de principios de los 90.

Un acuerdo que según el Ejecutivo español ayudará la inversión española en Estados Unidos, así como al negocio americano en nuestro país. También evita que una compañía con intereses en ambos países pague impuestos por los mismos conceptos en los dos países y, en general, tiene el objetivo de reducir trámites burocráticos.

Además, este paso con el gobierno estadounidense continúa con el firme compromiso español de renegociar todos aquellos convenios que han quedado anticuados y necesitan ser adapados. Bien por el paso del tiempo o por el avance en las relaciones con determinados países.