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Sin excusas: El TC notifica a la Generalitat catalana la suspensión del euro por receta

La providencia hecha pública hoy señala que la admisión a trámite del recurso "produce la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados, desde la fecha de interposición del recurso -21 de diciembre de 2012- para las partes del proceso y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el Boletín Oficial del Estado para los terceros".

Los magistrados del Constitucional, encabezados por su presidente, Pascual Sala, decidieron este martes en una reunión plenaria admitir a trámite el recurso. La suspensión cautelar de la tasa tendrá efecto mientras el TC resuelve el fondo del conflicto jurídico.

El Gobierno de Rajoy recurrió ante el Constitucional la norma catalana al considerar que la tasa vulnera el derecho a la igualdad de los españoles en la adquisición de productos farmacéuticos. El recurso se dirige en concreto contra los artículos 16 y 41 de la Ley de Cataluña de Medidas fiscales, financieras y administrativas y de creación del impuesto sobre las estancias en establecimientos turísticos, aprobada en marzo de 2012.

La providencia hecha pública hoy ordena además que se dé traslado del recurso al Congreso de los Diputados, al Senado, a la Generalitat de Cataluña y al Parlamento Catalán, para que, en el plazo de quince días, puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaren convenientes.

La paralización de la norma se produce en virtud del artículo 161.2 de la Constitución, que establece la suspensión de las leyes cuando se admite a trámite un recurso del Gobierno.

El Constitucional tiene pendiente pronunciarse asimismo sobre el euro por receta que se aplica en la Comunidad de Madrid, y que también ha sido recurrido por el Gobierno de Mariano Rajoy.

El Constitucional ha publicado asimismo otras dos providencias, con las que se admite a trámite los recursos del Ejecutivo del PP contra el Decreto-ley de Cataluña de impuesto sobre los depósitos en las entidades de crédito y contra varios artículos de la Ley para la Protección de los Derechos de los Consumidores mediante el fomento de la transparencia en la contratación hipotecaria en la Comunidad de Madrid. Estas dos normas también han sido suspendidas cautelarmente.