Presidir una Asociación, estar afiliado a una determinada formación política o simplemente no coincidir con determinadas formas de hacer las cosas; son situaciones aparentemente normales en España, o incluso muy alabadas, no son delito ni es concebible que esto se pueda castigar por un organismo público o privado.
Sin embargo, esto no es así en las entrañas de la Administración Pública. Este diario se ha puesto en contacto con funcionarios que por desempeñar determinadas actividades en su vida privada, tales como formar parte de una asociación, ser integrante de un partido político o incluso ser testigo de situaciones injustas y denunciarlo, sufren castigo por parte de sus superiores.
Funcionarios abandonados en despachos vacíos, empleados públicos de carrera que son despojados de cualquier labor, apartados a pasar ocho horas laborales sin nada que hacer, son situaciones que pueden parecer extrañas, pero que están ocurriendo ahora mismo en España, y más de lo que en realidad creemos.
Guillermina denuncia una Administración paralela en Andalucía que desvía el control del gasto
Guillermina Bermejo es una funcionaria que trabaja en la Junta de Andalucía, y su delito es presidir, en su vida privada, la Asociación Defiendo mi Derecho y la Gestión Pública, que mantiene decenas de pleitos contra la 'ley del enchufismo' de la Junta, por la cual el ejecutivo de Griñán pretende equiparar a los funcionarios de carrera, con miles de trabajadores de las empresas públicas contratados sin pasar por oposición o concurso de méritos alguno. Por ello sufre un destierro laboral en una oficina vacía, casi sin muebles, sin jefes que le encomienden trabajos, casi sin compañeros, excepto el resto de 'apestados' que por los mismos motivos sufren una situación similar.
Guillermina lleva 76 días despertándose para ir a trabajar a un palacete que el Gobierno andaluz tiene prácticamente abandonado en Sevilla, anulada por unos superiores que se niegan a darle ningún trabajo que hacer. No es un caso aislado, sin embargo, sí es novedad que un funcionario que sufre este tipo se 'sentencia' se atreva a denunciarlo ante la Justicia. Gillermina ha presentado una denuncia en los juzgados de Sevilla por un presunto delito contra los derechos y libertades de los trabajadores.
Su testimonio no se queda ahí, en una entrevista concedida a Diario Financiero, Guillermina dibuja un esquema de lo que está ocurriendo en la Junta de Andalucía. “El tema es grave”, comienza la funcionaria refiriéndose a lo que ya se conoce como la 'Ley del enchufismo', “la Junta de Andalucía está sobreponiendo una Administración paralela a la Administración oficial”, y Guillermina explica el proceso “designan a dedo a empleados que generan un gasto, tan sólo después de pasar por las manos de esa Administración paralela, las agencias públicas tienen control de ese dinero, simpre a posteriori”, y añade “así es más fácil que el gasto público no se controle”.
Un claro ejemplo es el reciente caso de los ERE, “este es el mejor ejemplo de la Administración paralela” cuyo objetivo – explica Guillermina – “es evitar controles, evitar la mirada de los funcionarios de carrera que puedan denunciarlo rompiendo todo el sistema”.
Precisamente por denunciar todo esto, la funcionario andaluza desde hace 24 años sufre el moobing de la Junta “quieren que te rompas”, afirma antes de asegurar que ha tenido que recurrir a la vía penal para denunciarlo porque “no tenemos ningún tipo de amparo, somos muchos los que estamos sometidos a condiciones no soportables”, condiciones que han llevado a Guillermina a tener que recurrir a ayuda psicológica “es un shock postraumático, me he derrumbado a pesar de ser una persona fuerte, caes enfermo”, afirma la funcionaria que añade que “si alguien sufre esta situación y no puede soportarlo lo mejor es que se vaya”.
