El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este viernes el proyecto de ley contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social y la reforma del Código Penal, que endurecerá las penas para esas conductas y para el fraude fiscal.

Según el anteproyecto de ley, la nueva norma anulará el tope máximo de la cuantía de las sanciones, que se situaba en 187.515 euros y se dará mayor protagonismo al trabajo de los inspectores para aflorar la economía sumergida.

La reforma del Código Penal recoge las nuevas penas máximas para el fraude a la Seguridad Social, que pasan de cinco a seis años, y amplía la prescripción de cinco a diez años en los supuestos más graves, cambios que también afectarán al fraude fiscal.

Además, quedarán reguladas las infracciones en gestión económica y los casos más graves, como el falsear cuentas u ocultar datos contables, serán castigados con una pena de inhabilitación de hasta diez años y multa.