Un debate al que, según Luis de Guindos, España llega con una posición muy cómoda por el alto nivel de solvencia de nuestras entidades, una ventaja que se traduce, dice, en sus reducidos niveles de apalancamiento.

En concreto, la postura de España es que cada país pueda exigir requisitos extra a sus entidades, un argumento que comparte con Reino Unido y Suecia. En contra se postulan los vecinos franceses quienes abogan por una armonización en las legislaciones.