Según ha explicado Montoro, la idea es que no sólo aparezcan las principales personas morosas y defraudadoras, sino también un listado con las empresas "que no merecen la confianza de los consumidores". Y es que, tal y como ha defendido el ministro, de esta forma se demuestra que las compañías incluidas "no dan prioridad al pago de los impuestos, que es la forma de garantizar los servicios públicos de los españoles".

Asimismo, ha señalado que se trata de un sistema que se aplica en otros países de la Unión Europea como Reino Unido e Irlanda. Sin embargo, los expertos creen que es una medida de cara a la galería. Sea como sea, lo cierto es que esta medida podría requerir cambios en el artículo 95 de la Ley General Tributaria en la que se indica que los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración Tributaria tienen un "carácter reservado" y que sólo podrán ser utilizados para la aplicación de tributos o recursos.