En concreto, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea va a dictaminar si la Ley Hipotecaria de España se ajusta a la Ley de Protección del Consumidor, y sobre si permite a los bancos introducir cláusulas abusivas en los contratos hipotecarios.

En caso de que falle en contra de la norma, algo probable pues la abogada general se muestra contraria a ella, los jueces podrían tener encima de la mesa el instrumento necesario para paralizar los desahucios pendientes. El del marroquí Mohamed Aziz es de uno de los casos judiciales más trascendentales de la crisis inmobiliaria porque, a la vista del dictamen preliminar, la sentencia parece destinada a desencadenar una reforma legal en España para permitir a los jueces la suspensión cautelar de los desahucios. Y es que ese dictamen preliminar considera que el Derecho español “no constituye una protección efectiva” del cliente frente a posibles cláusulas abusivas por parte de las entidades financieras.

El fallo que hoy se va a conocer servirá también al Gobierno para aprobar la el proyecto de ley sobre los desahucios por deudas hipotecarias que, actualmente, se tramita en el Congreso de los Diputados.