El secretario general de UPTA (Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos), Sebastián Reyna aclara las declaraciones de su homólogo en Asociación de Profesionales Autónomos (ATA) Lorenzo Amor, en las que afirmaba que la Ley de Emprendedores estaría lista en el mes de marzo.
La exigencia y moratoria europea para conseguir la autorización necesaria para acometer temporalmente una modificación en el sistema de liquidación (que permitiese a los pequeños empresarios retrasar el pago del IVA a la Agencia Tributaria) podría, no sólo suponer meses, sino que tampoco se da por sentado.
Según Reina, durante la reunión que las federaciones de trabajadores por cuenta propia mantuvieron este lunes con la Ministra de Empleo, Fátima Báñez, se tradujo en una clara declaración de buenas intenciones políticas sin olvidar la pesada burocracia y protocolo europeo.
En un principio, tanto en Gobierno como el colectivo autónomo barajan las últimas semanas del mes de marzo como fecha para que se ponga en marcha el proyecto de ley sobre el borrador de la nueva normativa referida al emprendimiento. Un hecho que -explica Reyna- supone que la Ley de Emprendedores como tal no será aplicable hasta que se desarrolle en su totalidad.
La convergencia europea exige a sus Estados miembros que para poder acogerse a la flexibilidad que contempla la directiva en referencia a los sistemas de liquidación, se requiera de una autorización comunitaria. Algo que todavía no está claro, ya que hay muchos países que están solicitando a Bruselas excepciones temporales en este sentido y Europa tiene que armonizar estos permisos. “No puede autorizar-aclara- a España una cosa y a Italia otra”, por lo que la aplicación de la nueva regulación podría no ser una realidad hasta el próximo trimestre o, incluso, el siguiente”.
Un camino no exento de dificultades
A pesar de ello, todavía existirían una serie de escollos que el líder de UPTA resume en tres: En primer lugar, que en concordancia con la directiva, la demora trimestral de la declaración del IVA por impago, “afectaría sólo a determinadas empresas con un límite de facturación”. Es decir, que excepcionalmente se podría aplicar pero “probablemente haya que establecer un límite de facturación que dejaría fuera de cobertura a las grandes compañías y a determinadas PYMES” señala.
La segunda dificultad sería, en opinión del secretario general, que tampoco podría aplicarse a todas las facturas, sino que “al lo mejor tan sólo afectaría a aquellas emitidas contra la Administración Pública, por una situación coyuntural de morosidad”. Y el tercer escollo al que va a tener que enfrentarse este principio que se pretende incluir en la Ley de Emprendimiento, es la propia naturaleza temporal de la autorización comunitaria.
A pesar de los desafíos burocráticos comunitarios, Sebastián Reyna confirma que durante el encuentro de ayer se acordó la creación de una mesa técnica de trabajo para poder abordar junto con el Ministerio de Empleo los diferentes aspectos de dicha Ley, en lo concerniente al ámbito laboral.
Necesidad de restablecimiento del crédito
Más allá de la inevitable relevancia y buena acogida de la Ley de Emprendedores para los autónomos, el Presidente de UPTA considera que oxigenar el crédito es la medida más urgente para los trabajadores del sector. “El problema central -afirma Reina- es que en este momento aproximadamente un millón de pólizas de autónomos y PYMES han sido anuladas, unilateralmente, por las entidades financieras”. Por lo tanto, “la falta de liquidez es absoluta. Por lo que hay que recuperar no sé como -justifica- esas pólizas de entorno 15.000 o 20.000 euros, que es lo que el autónomo necesita para realizar sus pagos trimestrales.
