egún Montoro, el hecho de que la Comisión haya suavizado su propuesta inicial se debe al "intercambio de posiciones" entre el Gobierno español y la Comisión Europea. "Ahora corresponde evaluar exáctamente en qué consisten esas ayudas pendientes", aseveró el ministro de Hacienda. Por tanto, la posición del Gobierno es "reservarnos el derecho a las reclamaciones y a los recursos correspondientes si estimamos que esas ayudas son excesivas y perjudican el futuro de los astilleros españoles".

Por su parte, el responsable de Industria, Jose Manuel Soria, ha reconocido que no es la pretensión que tenía al Gobierno pero entiende que es mejor que la primera propuesta. Cree también que el cambio de opinión se han producido por "distintas circunstancias", entre las que mencionó la conversación telefónica del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con el presidente de la Comisión, José Manuel Durão Barroso. Así como la implicación "muy directa" del vicepresidente de Industria de la Unión Europea y "siempre defendiendo" los intereses de sector naval español.

A partir de ahora, dijo Soria, el Gobierno en todo caso se reserva el derecho de recurrir ante Tribunal Europeo de Justicia teniendo en cuenta que la decisión de la Comisión no se corresponde con el planteamiento del Gobierno. La decisión es un "mecanismo complejo" del que será el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas quien determine las cuantías a las que se refiere la decisión de la Comisión.