El Ejecutivo aprobó un proyecto de ley y tres reales decretos relacionados con esta materia, normas que tienen como objetivo "dinamizar de otra forma y con otro planteamiento" un sector "clave que genera crecimiento y empleo en España".

En concreto, se aprobó un proyecto de Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas, y tres reales decretos, que recogen el Plan Estatal de Alquiler de Vivienda y Rehabilitación 2013-2016, el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios y modificaciones del reglamento de instalaciones térmicas.

En el caso de las ayudas al alquiler, los beneficiaros de las mismas no podrán superar unos ingresos de tres veces el indicador de renta Iprem, lo que supone casi 1.600 euros al mes. Pastor señaló que esta cuantía será modulable según los miembros de la familia.

MÁXIMO 200 EUROS

Además, indicó que las ayudas no podrán superar el 40% de la renta y que el límite máximo será de 2.400 euros anuales. De esta manera, las ayudas supondrán un máximo de 200 euros mensuales. Pastor destacó que de las anteriores ayudas al alquiler se beneficiaban 80.000 personas, y que ahora superará las 133.000 anuales.

El Gobierno destinará casi 2.500 millones de euros para impulsar el mercado del alquiler y la rehabilitación de viviendas, señaló la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Así, por ejemplo, se destinan en 1.500 millones de euros para facilitar el acceso a la vivienda y en 627 para rehabilitación, regeneración y eficiencia energética.

En concreto, el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2013-2016 destinará 2.421 millones de euros a ayudas al alquiler, la rehabilitación y la regeneración urbanas. La ministra destacó el impacto en el mercado laboral que tendrán estas medidas, pues permitirá crear 32.000 puestos de trabajo, pero el efecto supondrá 105.000 empleos.

Pastor aseguró que estas normas sirven para "garantizar la accesibilidad a una vivienda digna" y van a "contribuir a la reconversión y reactivación de un sector que lo necesita".

La titular de Fomento comentó además que las personas afectadas en los procedimientos de desahucio tendrán "preferencia" en el acceso al programa de ayuda al alquiler.

REHABILITACIÓN

El plan contempla también ayudas a la rehabilitación edificatoria en edificios e instalaciones para mejorar su estado de conservación, garantizar la accesibilidad y mejorar la eficiencia energética.

Los inmuebles han de tener una antigüedad anterior a 1981, al menos el 70% de su superficie debe tener uso residencial de vivienda y constituir el domicilio habitual de sus propietarios o arrendatarios.

Entre las medidas aprobadas se encuentra una Línea ICO para la rehabilitación de viviendas y edificios 2013 dotado con 1.000 millones de euros, y programa de ayudas a proyectos integrales de ahorro y eficiencia energética en edificios de viviendas con 100 millones. Por ejemplo, se incentivará la renovación de ventanas, fachadas, calderas, equipos de aire acondicionado.

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Asimismo, el plan incluye ayudas a la implantación del Informe de Evaluación de Edificios, con una subvención máxima del 50% del coste del mismo.

En otro de los reales decretos, el Consejo de Ministros trasponer a la normativa española el procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de los edificios.

La norma establece que a partir de 1 de junio de 2013 será obligatorio poner a disposición de los compradores o arrendadores de edificios o de parte de los mismos, para alquileres con una duración superior a cuatro meses, un certificado de eficiencia energética.

LA CASA REAL INCLUIDA EN LA LEY DE TRANSPARENCIA

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, confirmó este viernes que la Casa Real ha pedido ser incluida en la futura Ley de Transparencia que se tramita en el Congreso de los Diputados y lleva "dos meses" buscando la mejor fórmula para ello.

Sáenz de Santamaría hizo este anuncio en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros a pesar de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, afirmo este mismo jueves en La Moncloa que no estaba previsto hacer "absolutamente nada" en esa línea.

La vicepresidenta indicó que fue la propia Casa Real la que pidió incorporarse a la Ley de Transparencia después de que el Congreso de los Diputados aprobase en el Debate sobre el Estado de la Nación una resolución para que se incluyese a todas las administraciones públicas que reciben fondos públicos.