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El Estado pagará las matrículas a los alumnos que estudien en castellano

Así se recoge finalmente en el anteproyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), aprobada este viernes en Consejo de Ministros como Proyecto de Ley.

En rueda de prensa, el Ministro de Educación, José Ignacio Wert, subrayó que "este será un mecanismo excepcional y transitorio", basado en las reclamaciones presentadas por las familias, que "será innecesario en cuanto la administración Autonómica (en este caso Cataluña) garantice la posibilidad de la escolarización en castellano".

La versión anterior del texto establecía que eran las Comunidades Autónomas las que deberían hacerse cargo de dicho gasto, pero el dictamen del Consejo de Estado sobre la Lomce indicaba que ello podría suponer una invasión de competencias.

En declaraciones a los medios, fuentes del Ministerio explicaron que decidir sobre el pago de colegios privados corresponde a la Comunidad Autónoma, una observación que "entedimos como "pertinente".

De ahí que ahora será el Estado el que adelante dicho coste, que luego se detraerá de la financiación Autonómica a aquellas Autonomías que incurran en él.

Según estima Educación, habrá unos 1.000 alumnos que soliciten esta posibilidad, lo que implicaría unos cinco millones de euros al año.

Sin embargo, el Ministerio admitió que si la Generalitat tiene razón y la demanda no supera las 17 solicitudes al año, estos costes "serán insignificantes".

PROCEDIMIENTO

Esta "solución" busca garantizar el derecho a la escolarización en castellano que reconoce la Constitución, recogida en distintas sentencias judiciales.

En ningún momento implica un ataque al modelo de inmersión lingüística de Cataluña, señaló el ministro, pues no entra a determinar en qué proporción se debe impartir cada lengua.

Se limita a asegurar el derecho a la escolarización en ambos idiomas en aquellas comunidades con lenguas cooficiales, aunque lo cierto es que actualmente este problema se limita a Cataluña.

En territorios como Valencia, País Vasco, Galicia y Baleares existen distintos modelos, pero el derecho a la escolarización en castellano (que no significa que todas las asignaturas se impartan en esta lengua), está asegurado en todos ellos, afirmó.

La Lomce concede "un papel más relevante a la Alta Inspección del Estado", que deberá verificar si, después de reclamar a la Administración Autonómica, es cierto que las familias no encuentran en la red pública o concertada un lugar donde escolarizar a su hijo en castellano.

Si la inspección concluye que esto es así, la comunidad deberá explicarse y, solo en caso de no llegar a un acuerdo (esto es, de que esta no cumpla las recomendaciones del Ministerio), el Estado asumirá el coste de un colegio privado para dichos alumnos.