Según Bruselas, el decreto andaluz “va más allá de la necesaria protección de las familias vulnerables” y puede poner en peligro la estabilidad financiera. Las consecuencias más inmediatas para nuestros bancos se sentirían en sus balance y en el volumen de provisiones a las que tendrían que hacer frente.

Además, la CE cree que pone en peligro la seguridad jurídica para las entidades dueñas de los inmuebles, lo que afecta a los bancos y por consiguiente al resto de la economía.

Con todo ello, la Comisión pide al Gobierno de España que cumpla con los compromiso adquiridos en el MoU y que evite cualquier procedimiento que pueda poner en peligro los objetivos.