El Gobierno de Portugal ya sabe de dónde va a sacar los 1.500 millones de euros que necesita para cuadrar sus cuentas tras el varapalo del Tribunal Constitucional a algunas de sus medidas. Ya que no puede recortar pagas a funcionarios y pensionistas, ni aplicar un impuesto sobre el seguro de salud y desempleo, el nuevo recortazo va a llegar de la mano de menos gasto en partidas destinadas al Estado del Bienestar.

El primer ministro Passos Coelho ha explicado que habrá recortes en Educación, Sanidad y en gastos destinados a la Seguridad Social para evitar que un nuevo rescate al país. Se trata así del nuevo paquete de medidas con el que el Gobierno luso espera poder negociar con Bruselas la relajación de los objetivos de déficit y de el desbloqueo del resto del dinero pendiente de la ayuda europea. Es la única manera, dice Passos Coelho, de evitar que haya un segundo rescate. Además, ha acusado al Tribunal Constitucional de ser el culpable de esta situación que va a provocar más dolor a los ciudadanos. "La decisión del Constitucional tiene consecuencias muy serias, ya que se produce a menos de una semana de cerrar un acuerdo con los socios internacionales", ha señalado al respecto en un discurso televisado.

Mientras, este conjunto de medidas parece que no han sentado demasiado bien a la oposición del país. El líder del partido socialista, José Seguro, acusa al Gobierno de querer ocultarse detrás del Constitucional y acusa al Primer Ministro de querer chantajear a los ciudadanos.

En Bruselas, más tranquilos

La UE ha recibido con alivio el compromiso de Portugal de mantener el programa de ajustes y ha alertado que su incumplimiento puede neutralizar losesfuerzos hechos hasta ahora y prolongar las dificultades. Además, tras conocerse el veto del Tribunal Constitucional luso a varias de las medidas de austeridad adoptadas por el Gobierno, la Comisión Europea ha expresado su deseo de que se tomen las medidas necesarias para adaptar el presupuesto al objetivo fiscal.