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El PP no revisará sus cuentas, incapaz de encontrar una auditora que se preste

Fuentes de la dirección nacional confirmaron a Servimedia que, tras más de dos meses de búsqueda, se ha renunciado a la auditoría externa porque ninguna empresa está dispuesta a asumir la tarea. Además, el Tribunal de Cuentas la ha desaconsejado tras una consulta escrita realizada por el partido.

Todo comenzó cuando el líder del PP y presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció el pasado 21 de enero la realización de una auditoría interna y otra externa durante una reunión a puerta cerrada del Comité Ejecutivo Nacional.
El PP revisó primero a nivel interno sus finanzas e hizo público un resumen de las mismas a través de su página web. Acto seguido, comenzó una ronda de reuniones con las principales consultoras y auditoras de cuentas de España pero pronto encontró dificultades.

Dos meses después, ninguna de las firmas más importantes está dispuesta a realizar la auditoría. La formación que lidera Mariano Rajoy asegura que todas se niegan a llevar a cabo el encargo al entender que el Tribunal de Cuentas es el único competente para ello.

Para ello, se basan en una comunicación que el propio Tribunal de Cuentas difundió en 2011 ante la posibilidad que se planteó en aquel momento de que las comunidades autónomas solicitaran una auditoría de sus cuentas a empresas privadas.

ESCRITO DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

Este organismo recordó entonces que "la fiscalización externa de todas las entidades públicas está encomendada al Tribunal de Cuentas" y subrayó que "ningún auditor privado, persona física o jurídica, puede fiscalizar ni auditar a ninguna administración pública".

Las empresas a las que recurrió el PP alegaron estos dos argumentos del Tribunal de Cuentas para negarse a revisar las cuentas del partido, a pesar de que las formaciones políticas no son propiamente ni una administración ni un organismo público.

De hecho, el artículo 4 de la Ley Orgánica que rige el funcionamiento del Tribunal de Cuentas establece competencia exclusiva para fiscalizar las cuentas de aquellas instituciones que conforman el sector público: la Administración del Estado, las comunidades autónomas, las corporaciones locales, las entidades gestoras de la Seguridad Social, los organismos autónomos y las sociedades estatales y demás empresas públicas. No incluye expresamente a los partidos políticos.

Para despejar la duda, el PP remitió hace unas semanas una consulta escrita al Tribunal de Cuentas en la que planteaba la posibilidad de contratar una empresa externa para revisar sus cuentas, independientemente de la labor fiscalizadora que a posteriori siempre realiza este órgano con carácter anual.

COMPETENCIA EXCLUSIVA

Las fuentes consultadas aseguraron a Servimedia que la respuesta del Tribunal de Cuentas subrayó que tiene "competencia exclusiva" para auditar las finanzas de los partidos políticos, con lo que daba a entender que el PP no debía seguir adelante.

Ante las reticencias encontradas en las empresas especializadas y el aviso del Tribunal de Cuentas, el PP ha tomado la decisión de abandonar la idea de contratar la auditoría externa que anunció Mariano Rajoy en el mes de enero, dado que es imposible encontrar una compañía que esté dispuesta.

El encargo de una auditoría externa en realidad no era una idea nueva del Partido Popular. En el año 2009 ya se impuso como una obligación esta práctica con el fin de verificar sus cuentas internas con carácter anual.

Así lo establecía el punto 17 del Código de Buenas Prácticas que el partido elaboró hace más de tres años, a raíz del escándalo que el 'caso Gürtel' provocó en la formación por los regalos y el dinero que varios dirigentes recibieron presuntamente de la supuesta trama de corrupción organizada por el empresario Francisco Correa.

En aquel documento se plasmó por escrito como una obligación que "anualmente se someterán las cuentas del partido a una auditoría externa, cuyo resultado se publicará en la página web". Sin embargo, nunca llegó a hacerlo. Fuentes de la dirección nacional del PP precisaron a Servimedia que hasta ahora no se había recurrido a una empresa especializada porque se consideraba que el examen del Tribunal de Cuentas al que están sometidos todos los partidos políticos por ley ya constituía en sí mismo una auditoría externa.