El déficit de tarifa suma cerca de 26.000 millones de euros, y si la norma se aprueba tal y como está redactada, la mayor carga la tendrán que asumir los consumidores y las empresas. Hacienda sólo se haría cargo de un pequeño porcentaje de la misma, que cubriría una reducida parte del total de los costes del sistema: en lugar de asumir los 1800 millones de euros asumirála mitad de esa partida.  Los efectos de esta alteración afectarán principalmente al consumidor.  De esta manera, verá cómo sube la luz; las empresas cobrarán menos por distribuir, transportar o generar electricidad con renovables o cogeneración; y Hacienda sólo asumirá 900 millones de euros relativos a la mitad del coste de las energías extrapeninsulares. 

El Ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, ha ganado el pulso por los más de 2.000 millones de euros que pretendía asginarle la reforma industrial de José Soria, tras una serie de discrepancias públicas y notorias, que tuvieron su punto álgido con la negación del propio Montoro a esta proyecto del titular de Industria, que el ministro Soria ya había confirmado a los medios de comunicación, con el fin de acabar con el déficit tarifario.

La parte más afectada podría residir en la distribución, damnificando a las nuevas inversiones en este proceso. Las eléctricas ya se han postulado en contra de la nueva reforma, que pretende agrandar su aportación, por otra parte ya aumentada en la anterior reforma. Desde las corporaciones más importantes del sector el descontento es palpable dada la discriminación que podrían surgir ante las energías renovables y, sobre todo, por la dureza inesperada de la misma. 

Las medidas han dejado muy preocupadas a las eléctricas, que esperaban unas medidas de menor envergadura y que incluso podrían encontrar elementos discriminatorios entre la minoración sufrida por su negocio y el de algunas actividades de renovables, que saldrían menos perjudicadas.