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El rescate financiero trae bajo el brazo estrictas condiciones macroeconómicas

Como era de prever, el rescate financiero a España tiene mucha letra pequeña. El Memorando de entendimiento al que ha tenido acceso el diario El País arroja las fuertes condiciones a las que se deberá someter tanto el sistema financiero, como la política macroeconómica que se verá obligado a aplicar el Gobierno liderado por Mariano Rajoy.

CONDICIONES MACROECONÓMICAS

No fue casualidad la repentina subida del IVA, anunciada ayer por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ni la rebaja de la fiscalidad en el trabajo. Ambas llevan la firma y el sello de Bruselas, y se incluyen en las clausulas de entendimiento que ambas partes aceptaron tras rubricar el contrato del rescate financiero, dónde también se incluyen obligaciones de despidos dentro del sector financiero.

Otra de las obligaciones que España aceptar por la ayuda europea mira hacia el Banco de España, sobre el que “tendrá que garantizar su independencia”, ya que el acuerdo da más peso y fortaleza a la institución monetaria española.

El organismo gobernado por Luis María Linde, tiene un importante encargo impuesto desde la UE: Bruselas no se fía del Banco de España, y le obliga a deberá poner en marcha un exhaustivo examen interno para identificar las deficiencias más graves antes del final de octubre de 2012. Dentro del test habrá especial énfasis en mirar con lupa a los inspectores encargados de evaluar “las vulnerabilidades y el riesgo en el sistema financiero”.

Tampoco está dispuesta la UE a que se sigan produciendo episodios como los de las preferentes de Bankia, por ello el memorando obliga a que el Gobierno apruebe una Ley que proteja al consumidor episodios como los de la deuda subordinada y las participaciones preferentes.

Por otro lado, el contrato de ayuda, obliga al ejecutivo a crear desde cero un supervisor  fiscal independiente que vigile por completo que la política fiscal española cumple con cada uno de las condiciones.

CONDICIONES FINANCIERAS

Buena parte de las condiciones financieras se centran en las cajas de ahorros. En concreto la UE prohíbe que las cajas puedan controlar “eventualmente” bancos filiales, y obliga a que haya ningún tipo de compatibilidad entre consejeros administración de las cajas y de sus bancos participados, como ocurre ahora.

Es aquí donde Bruselas da más competencia al Banco de España, es más, arranca el poder de sancionar al Ministerio de Economía, para otorgárselo al organismo gobernado por Linde.

Habrá que llevar a cabo una reforma profunda en las entidades: Todas ellas sin excepción tendrá que cumplir con un ratio de capital del 9%, como pronto hasta 2014, supervisado siempre por el banco de España.

El Gobierno tiene que comenzar a escribir un largo informe que deberá presentar ante Bruselas con el papel que tiene en las cajas de ahorros en su calidad de accionistas de los bancos, tendrá que presentarlo antes de noviembre de 2012.

Además se lleva a cabo una enorme clasificación entre las entidades financieras según su capacidad de resistencia:

– En el grupo 0, se encuentran las entidades sanas, es decir, las que no necesitan ayuda como son el Banco Santander, BBVA, y CaixaBank (tal y como se apunta en el informe de las auditoras independientes). Estas tres son las elegidas para que traspasen todos sus activos tóxicos a un banco malo que deberá ser una realidad antes de fin de año.

– En el grupo 1, se encuentran las entidades nacionalizadas, que poseen el respaldo del Estado: es decir, BFA/Bankia, Catalunya Caixa, NCG Banco y Banco de Valencia.

– En el grupo 2, se encuentran las entidades que suspendan los test de estrés y no sean capaces de captar fondos por sí mismas.

– Por último en el grupo 3 estarán las que suspendan pero tengan planes de recapitalización creíbles sin ayuda estatal.

Los bancos de los grupos 1, 2 y 3 deberán presentar a principios de octubre sus planes de recapitalización con medidas internas, ventas de activos, gestión de los pasivos o mediante la petición de ayuda pública. Planes fuertemente analizados por la Comisión Europea.