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El Senado aprueba definitivamente la Ley de Deudores Hipotecarios

El texto, que salió adelante con 142 votos a favor, 94 en contra y dos abstenciones, no tiene que volver al Congreso de los Diputados, ya que durante el trámite en el Senado no se han introducido cambios. Así, se publicará en el Boletín Oficial del Estado para su entrada en vigor después de que los vetos las 275 enmiendas presentadas por los grupos de la oposición fueran rechazadas.

Este texto aprobado surge de la fusión que ha hecho el PP en el Congreso del proyecto de ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios y de la proposición de ley, fruto de una iniciativa legislativa popular (ILP), para regular la dación en pago.

Así, la nueva norma no incorpora la dación en pago universal y retroactiva que pedía la iniciativa legislativa popular, aunque sí contempla la suspensión durante dos años de los desahucios en los que los afectados cumplan ciertas condiciones, como que los ingresos de los miembros de la unidad familiar no superen la cantidad de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, es decir, los 19.000 euros anuales. La Ley Hipotecaria también incluye quitas del 35% para los deudores que liquiden sus cuotas en cinco años y del 20% si lo hacen en diez.
 

Enfrentamiento entre populares y socialistas

El senador del PP Fracisco Utrera agradeció a los grupos las enmiendas presentadas, y explicó que "se han estudiado, pero se ha decido no incluirlas". Utrera indicó que aunque el resto de grupos no apoye la ley, "no por ello nos sentimos solos", ya que "nos sentimos acompañados por los votos que al PP le han dado en las elecciones".

Por su parte, la senadora del PSOE María de los Ángeles Marra justificó el veto de su grupo a la ley en la "necesidad de adoptar políticas justas y equilibradas" ya que "hay riegos de romper la vertebración social" de España. En este sentido, explicó que el Gobierno y el PP han hecho todo lo contrario, al proponer medidas "inútiles y profundamente desequilibradas". Es un texto que "no ofrece garantías legales ni un reparto equitativo de las cargas", lamentó Marra, quien agregó que "no aporta soluciones, no recoge la ILP, ni medidas reales y justas".