Hoy se cumple un año desde que Cristina Fernández de Kirchner decidiera, tras muchos amagos, expropiar a Repsol su filial YPF. Y aunque han pasado doce meses, el Gobierno argentino todavía no ha pagado un justiprecio por el paquete expropiado, por lo que hay hasta nueve demandas abiertas en tribunales internacionales.
Esa falta de acercamiento es, también, la que está sufriendo YPF con el Gobierno argentino a la cabeza. Necesita un socio industrial que ponga el dinero y la tecnología para explotar el yacimiento de Vaca Muerta, que será el futuro de la compañía. Pero por ahora ninguna de las grandes petroleras ha dado el sí quiero, y no lo han hecho por varios motivos.
El primero porque muchas de ellas ya tienen inversiones el país, pero el segundo y más importante, porque el ejemplo que el Ejecutivo de Cristina Fernández ha dado con esta decisión, viene a demostrar que las inversiones en materia energética en el país no son seguros. No sólo eso, es que además hay problemas, como ya ocurre en Venezuela, para repatriar los beneficios.
Además, la rentabilidad sobre el patrimonio de la compañía argentina ha caído un 26% y la deuda neta ha aumentado en 180 millones de euros. Un panorama que puede llevar al gerente de YPF, Miguel Galuccio, a tender la mano de nuevo a Repsol.
