Por ello, durante su participación en el citado encuentro informativo, organizado en Madrid por Nueva Economía Fórum, Platero pidió que se ponga a funcionar "inmediatamente" el nuevo sistema de 'tax lease', ya que pese a estar aprobado desde diciembre de 2012, no puede ser efectivo hasta que se resuelva el conflicto con el sistema vigente anteriormente. El máximo responsable de la patronal de los astilleros denunció que estos 40 barcos se podrían sumar a los 50 perdidos desde que Bruselas abrió el expediente en 2011, que suponen entre 2.000 y 2.500 millones de euros.
GUERRA COMERCIAL
Además, lamentó que la gran mayoría de estos barcos han sido encargados a astilleros holandeses y noruegos, principales países denunciantes, que según Platero "han intentado ganar en los despachos lo que no podían ganar en el campo".En consecuencia, considera que lo que ha ocurrido se enmarca "en una guerra comercial", ya que los astilleros españoles han tratado de entrar en el mercado de los barcos 'offshore', un sector dominado por los constructores holandeses.
Sobre la resolución final de la Comisión Europea, que tachó de "injusta y discriminatoria", valoró que establezca que los inversores no puedan reclamar la devolución a los astilleros. "Esperamos que las normas sean efectivas y no puedan venir ante nosotros", apostilló. Asimismo, destacó que la resolución final "es mejor que los otros dos borradores", que suponían la desaparición del sector, y aseguró que "vamos a luchar para que no se pierda ningún empleo".
UNOS 200 BUQUES AFECTADOS
Según estimó, al fijarse la devolución entre abril de 2007 y 2011, unos 200 buques se pueden ver afectados por la devolución de las ayudas, aunque todavía no se puede saber cuál será el importe exacto.
"A partir de ahora es más importante la interpretación de la letra pequeña y eso es algo que tiene que hacer el Gobierno", prosiguió Platero, quien destacó que "estamos muy satisfechos del apoyo del Gobierno, que se ha volcado de forma tremenda". En Pymar están representados 19 astilleros de Galicia, Asturias, País Vasco, Cantabria, Canarias y Baleares. Desde la apertura del expediente, seis han quebrado. Su producción alcanza los 14.000 millones de euros anuales, de los que se exportan el 90%, y emplean a unas 87.000 personas.
