El decreto de nacionalización de mayo pasado establece que una consultora independiente fijará en un plazo de seis meses el valor de la compensación que debe pagarse a la eléctrica española. Mientras, Transportadora de Electricidad (TDE) acusa a Bolivia de haber violado un acuerdo sobre expropiaciones y de otras supuestas violaciones al documento.

Por su parte, el presidente de Red Eléctrica Española, José Folgado, está dispuesto a acudir al arbitraje a partir de febrero próximo, en caso de no fructifique el diálogo con el Gobierno boliviano.