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Bolivia nacionaliza una filial de Abertis y Aena

Según informa el diario boliviano La Razón, el anuncio lo hizo el presidente de Bolivia, Evo Morales, quien indicó que la decisión se tomó porque la compañía no ha cumplido con su plan de inversiones.

"Hemos esperado llegar a un acuerdo y los ministros negociaron con la empresa para que ellos puedan invertir, pero con estos esfuerzos no pudieron entendernos", afirmó Morales, según recoge el citado periódico.

Fuentes de Abertis consultadas por Servimedia indicaron que están analizando la decisión del Ejecutivo de Bolivia, y declinaron hacer comentarios al respecto.

ESPAÑA SE REPLANTEA LAS RELACIONES CON BOLIVIA

Por su parte, fuentes de Aena, que también tiene capital en Sabsa, rechazaron hacer comentarios por el momento a la espera de conocer los detalles de la medida.

El Gobierno advirtió hoy de que, tras la expropiación de Sabsa, filial de Abertis y Abena encargada de gestionar tres aeropuertos en Bolivia, procederá, "muy a su pesar", a "replantear el conjunto de las relaciones bilaterales".

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación recordó que esta expropiación "se suma a medidas similares emprendidas en meses recientes contra otras empresas españolas en Bolivia", que, a su juicio, "contrastan con el papel que hasta ahora ha jugado España en defensa de los intereses bolivianos" y con "el buen clima que se supone preside las relaciones entre Bolivia y España".

Desde su punto de vista, tales medidas "cuestionan la voluntad" del Ejecutivo que preside Evo Morales de "mantener con España las relaciones de amistad, cordialidad y cooperación que España siempre ha favorecido en todas los ámbitos", por lo que el Gobierno español avisa de que las replanteará en su conjunto.

Exteriores "deplora profundamente" el anuncio de expropiación y "en especial la ocupación policial de sus sedes y demás medidas que han acompañado la nacionalización".

En la línea con su reacción ante otras nacionalizaciones de empresas españolas, argumenta que "no cuestiona el derecho soberano de un estado sobre sus recursos y servicios públicos pero defiende que toda expropiación debe hacerse previo pago del justiprecio según una valoración justa e independiente del bien expropiado".