Entre las fianzas destaca la impuesta al expresidente ejecutivo de Pescanova Manuel Fernández de Sousa-Faro, quien deberá abonar 178.856.578 euros.
La imposición de estas fianzas de responsabilidad civil tiene por objetivo que los directivos imputados y las sociedades del grupo puedan devolver el dinero presuntamente defraudado en caso de ser condenados.
Los directivos y las sociedades tienen un plazo de diez días para prestas las fianzas, según señala Ruz en el auto dictado hoy.
