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Galán y Soria defienden unas medidas energéticas que han obligado a Iberdrola a despedir a 400 empleados

Soria defendió este jueves en el Pleno del Congreso de los Diputados el Real Decreto Ley 2/2013 de medidas urgentes en el sistema eléctrico que obliga a los productores de energías renovables a elegir entre tarifa regulada o mercado sin prima, y cambia de IPC a inflación subyacente a precios constantes el modelo de actualización anual del coste de distribución.

Esta norma ha provocado las críticas de gran parte de los productores de energía renovables porque cambia las reglas con las que invirtieron.

No entra en ese grupo el presidente de Iberdrola, que ha reconocido que la medidas son duras, pero que van por el camino correcto. Tal ha sido el impacto de la reforma energética, que Sánchez Galán ha reconocido ante la prensa, que ha tenido que despedir a 400 empleados, producto de las primeras medidas.

LAS MEDIDAS DE SORIA

La primera medida, el RD-L 1/2012, fue una medida "rápida" creando moratoria para las nuevas energías renovables y de cogeneración. A su juicio, fue "razonable" pero "insuficiente" y aunque no tiene "ningún efecto" a corto plazo para la compañía, sí lo tendrá a medio y largo plazo.

El segundo, el Real Decreto-Ley 13/2012, que suponen un recorte en la remuneración del Transporte, Distribución y otras actividades reguladas, es para San Pedro un "recorte inesperado y muy fuerte" que supuso para el sector un recorte de 689 millones de euros, y, en concreto, de 234 millones de euros para Iberdrola.

Por su parte, la ley de medidas fiscales para la sostenibilidad que recoge nuevos impuestos para disminuir déficit tarifario, supone para Iberdrola una "carga nueva de impuesto de 690 millones de euros al año y para el sector de 3.630 millones de euros".

Para el titular de Industria, esta es la "forma de combatir de manera equitativa y más justa" el déficit de tarifa y la evitar un aumento del coste de la tarifa de la luz que pagan los ciudadanos.

En este sentido, Soria dice que se podría evitar esta medida con un aumento de la parte regulada del recibo de la luz, lo que se traduciría en un incremento de la tarifa, pero el Gobierno lo descarta porque no lo considera conveniente ante la situación económica actual.