El Consejo de Ministros aprobó este viernes el proyecto de ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria y el proyecto de ley de fomento de la integración cooperativa y de otras entidades asociativas de carácter agroalimentario.
El objetivo de ambos proyectos es aumentar la eficacia y competitividad del sector agroalimentario español y reducir el desequilibrio en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la cadena de valor.
Para el cumplimiento de ese objetivo, la ley de la cadena alimentaria se basa en un modelo mixto de regulación y autorregulación de las relaciones comerciales entre los agentes de la cadena.
En relación con los contratos alimentarios que se suscriban entre los operadores, y para garantizar la seguridad jurídica y la equidad en las relaciones comerciales, la novedad más significativa es la obligación de formalizarlos por escrito en determinados casos, dependiendo del importe y de la situación de desequilibrio.
Esta obligación afecta a las relaciones comerciales de los operadores que realicen transacciones comerciales, continuadas o periódicas, cuyo precio sea superior a 2.500 euros.
No obstante, cuando el pago se realice al contado, no será necesario suscribir un contrato, teniendo las partes la obligación de identificarse como operadores y documentar dichas relaciones comerciales mediante la correspondiente factura.
Por otro lado, el proyecto de ley prohíbe las modificaciones de las condiciones contractuales establecidas en el contrato, salvo que se realicen por mutuo acuerdo de las partes.
En cuanto a la autorregulación de las relaciones comerciales, el proyecto se centra en en establecimiento de un Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la contratación alimentaria, que impulsarían el Ministerio y las organizaciones y asociaciones representativas de la producción, la industria o la distribución, cuya adhesión es voluntaria.
El proyecto de ley crea también el Observatorio de la Cadena Alimentaria, que además de realizar las funciones que ya tenía el Observatorio de Precios, asume otras nuevas como informar de la propuesta de Código de Buenas Prácticas Mercantiles en la Contratación Alimentaria regulado en el anteproyecto, así como de las de otros códigos de buenas prácticas mercantiles.
Por su parte, el proyecto de ley de fomento de la integración cooperativa pretende mejorar la estructuración de la oferta y fomentar la fusión e integración de productores y entidades, para impulsar entidades asociativas agroalimentarias de ámbito supraautonómico, con capacidad, dimensión y estructura empresarial que incremente su eficiencia y rentabilidad.
De esta manera persigue corregir los problemas del sector cooperativo español, que se caracteriza por su atomización, con cerca de 4.000 cooperativas y más de 1.000.000 de socios, con una facturación de 18.797 millones de euros en 2012 y dando empleo directo a 100.000 trabajadores.
En la actualidad, ninguna cooperativa española está entre las veinticinco más grandes de la Unión Europea.
DESAHUCIOS | EL GOBIERNO ESTUDIA DACIÓN EN PAGO RETROACTIVA
La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, afirmó que el Ejecutivo "estudiará con interés" la Iniciativa Legislativa Popular para la dación en pago retroactiva, la paralización de los desahucios y el fomento del alquiler social.
En todo caso, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta destacó que "hay medidas importantes que están en marcha" y defendió que "este Gobierno desde el inicio ha planteado" iniciativas en materia de desahucios.
Así, señaló que se aprobó un decreto que paralizaba durante dos años de los desahucios para las familias con "gran necesidad económica", y que se ha puesto en marcha un fondo de alquiler social.
Además, explicó que esa norma se tramita ahora como proyecto de ley en el Congreso de los Diputados, pidió colaboración al PSOE y recordó que el Gobierno ha propuesto nuevas iniciativas.
COMPRA DE VEHÍCULO COMERCIALES
Según explicó el ministro de Agricultura, Alimentación y Medio ambiente, Miguel Arias Cañete, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, los fondos para este plan procederán de las subastas de los derechos de emisión.
Los beneficiarios pueden ser autónomos, pymes y entidades privadas y la dotación máxima por beneficiario es de 200.000 euros.
Pueden acogerse a los mismos vehículos de hasta 3.500 kilos y con una antigüedad mínima de 7 años. Las ayudas serán para la adquisición de nuevos o seminuevos, de hasta un año de antigüedad y eficiencia energética A, B, C o D, de 1.000 euros para los vehículos de hasta 2.500 kilos y de 2.000 euros para aquellos de entre 2.500 y 3.500 kilos.
El Gobierno estima que unos 35.000 vehículos podrán acogerse al plan, que tiene una duración de seis meses o hasta que se agoten los fondos.
Arias Cañete explicó que el 70% de los vehículos comerciales tienen una edad superior a 7 años por lo que el plan permitirá "mejorar la calidad del aire mediante la reducción de las emisiones de gases contaminantes".
