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El Gobierno enciende la maquinaria para tumbar la declaración soberanista

Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, informó del contenido del informe de la Abogacía, que fue presentado este viernes al Gobierno por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón.

La "número dos" del Ejecutivo no quiso confirmar que se vaya a recurrir la declaración soberanista al Tribunal Constitucional, aunque aseguró que el informe de la Abogacía es "muy determinante" y se tendrá "muy presente". No obstante, aclaró que este pronunciamiento jurídico "no es vinculante".

Hasta que se tome la decisión, Sáenz de Santamaría indicó que lo acordado este viernes por el Gobierno es trasladar el informe de la Abogacía al Consejo de Estado para que elabore el informe "preceptivo". Cuando este órgano se pronuncie, el Ejecutivo decidirá si recurre la declaración independentista al constitucional.

En todo caso, Sáenz de Santamaría aseguró que ella misma ya ha manifestado que considera la declaración soberanista contraria a la Carta Magna, al hablar de soberanía catalana en vez de soberanía española.

"ARGUMENTOS FAVORABLES"

Añadió que por este motivo decidieron pedir la opinión de los servicios jurídicos del Estado, que consideran que hay motivos para recurrir el pronunciamiento del Parlamento catalán del 23 de enero.

A este respecto, la vicepresidenta explicó que la Abogacía ve "argumentos favorables" al recurso. Los servicios jurídicos del Estado consideran que lo aprobado por los diputados catalanes vulnera los artículos 1.2, 2, 9 y 168 de la Constitución.

La vulneración de estos preceptos de la Carta Magna tendría que ver con el hecho de que el Parlamento catalán hable de la soberanía del pueblo catalán y del derecho a decidir, lo que contraviene la soberanía del pueblo español y la indisoluble unidad de la nación española.

Además, el informe argumenta que la declaración de la Cámara autonómica es recurrible, porque "produce efectos jurídicos ad extra", al pretender "dirigir los poderes de Cataluña hacia un fin de naturaleza claramente inconstitucional".